El líder del PRI enfrenta un proceso de desafuero mientras denuncia una “maniobra” del gobierno para silenciarlo, en medio de investigaciones por enriquecimiento ilícito en Campeche
Ciudad de México — Con el rostro tenso y la voz firme, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se presentó esta semana como blanco de una supuesta persecución política. “Hay que enfrentarlo siempre con mucho carácter y mucha determinación”, declaró el senador priista, al referirse al proceso de desafuero que avanza en el Congreso de la Unión.
Moreno no solo negó las acusaciones en su contra, sino que las calificó como “inventos”, “locura” y “distractores” diseñados para desviar la atención de los verdaderos problemas del país. “No tienen ningún elemento, porque son inventos… porque son distractores”, insistió, convencido de que detrás del proceso judicial hay una intención política: acallar su voz crítica contra el gobierno de la Cuarta Transformación.
En un discurso cargado de victimismo, “Alito” fue aún más lejos: aseguró vivir en “un país donde todo el gobierno está señalado de haber pactado con el crimen organizado”. Una acusación grave, lanzada sin pruebas concretas, pero que refuerza su narrativa de resistencia frente a un régimen que, según él, utiliza las instituciones para eliminar opositores.
Sin embargo, lo que el dirigente omitió en su alegato es tan relevante como lo que dijo. En Campeche, su estado natal, persisten investigaciones abiertas por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además, el gobierno estatal ha iniciado procesos de expropiación de varios predios vinculados a su familia, lo que contradice su afirmación de carecer de “ningún elemento” en su contra.
Lejos de callar, Moreno ha optado por la ofensiva mediática. Ha multiplicado sus apariciones públicas y prometió llevar su denuncia “en México y en todo el mundo”, una estrategia que, más que evidenciar valentía, parece buscar refugio en la narrativa de la víctima global de la 4T. Un guion que ya ha usado en otras ocasiones, cada vez que las acusaciones lo acorralan.
Mientras tanto, en San Lázaro y en el Senado, la solicitud para retirarle el fuero avanza con apoyo transversal. Para muchos legisladores, el caso de “Alito” no es solo un asunto legal, sino un símbolo de la impunidad histórica de la clase política mexicana. El PRI, antaño partido hegemónico, hoy lucha por sobrevivir en las encuestas, y su líder parece apostar todo a una estrategia de confrontación que lo mantiene en el centro del debate —aunque sea bajo fuego cruzado.
“Lo tengo que enfrentar como es”, repite como un mantra. Pero mientras lo hace, las sombras de Campeche no dejan de crecer.