Ciudad de México, 12 de agosto de 2024 — Diez años después del devastador derrame de tóxicos en el Río Sonora, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, ha prometido que su administración se asegurará de que Grupo México, la empresa de Germán Larrea, cumpla con el resarcimiento del daño causado por el peor desastre ambiental en la historia reciente de México. La tragedia, ocurrida en 2014, sigue siendo un recordatorio doloroso de los estragos ambientales y sociales provocados por el mal manejo de desechos industriales.
En una conferencia de prensa celebrada este jueves, Sheinbaum Pardo abordó el tema con una respuesta que, aunque breve, fue clara en su compromiso de justicia ambiental. “Lo está atendiendo Semarnat; incluso hay también diálogo con la empresa. Lo está atendiendo en este momento Semarnat y, pues, tiene que cumplirse con el saneamiento, eso está en la Constitución y en la Ley Ambiental”, afirmó la futura presidenta, aludiendo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que actualmente lidera los esfuerzos de supervisión y restauración.
El derrame de tóxicos, que afectó gravemente el río Sonora y sus alrededores, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia ambiental en México. A pesar de las promesas iniciales de remediación y compensación, los afectados han visto poco progreso tangible en la restauración de sus tierras y la compensación por las pérdidas sufridas. La magnitud del desastre, causado por una fuga de ácido sulfúrico desde una mina de Grupo México, ha dejado una huella imborrable tanto en el medio ambiente como en las comunidades que dependen del río para su sustento.
La falta de avance en la reparación del daño ha sido una constante fuente de frustración para las comunidades afectadas, que han exigido una acción más efectiva por parte de las autoridades y la empresa responsable. La situación ha sido especialmente dolorosa para los residentes de los municipios cercanos al río, que han visto cómo sus vidas se transformaron drásticamente tras el desastre.
En respuesta a preguntas sobre si su gobierno continuará con la denuncia penal interpuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra Grupo México, Sheinbaum Pardo fue contundente: “Si ya hay denuncia, el que le tiene que dar seguimiento es la Fiscalía”. Esta declaración reafirma la necesidad de que las instituciones encargadas de la justicia penal mantengan el foco en el caso, asegurando que se haga justicia por el daño causado.
La falta de respuesta directa a la pregunta sobre si se reunirá con las familias afectadas ha suscitado inquietud entre los defensores de las víctimas. El pasado 5 de julio, el medio Proceso reportó que los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) recordaron a Sheinbaum Pardo su promesa de atender a la población afectada. Según el comunicado, una comisión de los CCRS visitó la casa de transición de Sheinbaum el 11 de junio, entregando un pliego petitorio que solicitaba una reunión para discutir las acciones concretas a tomar. Aunque la morenista se comprometió a dar seguimiento y a reunirse una vez que su equipo estuviera en lugar, los detalles precisos de esta reunión aún no se han concretado.
La realidad es que la tragedia del Río Sonora sigue siendo un caso emblemático de la lucha por la justicia ambiental en México. A medida que se acerca el décimo aniversario del desastre, el llamado a la acción y la rendición de cuentas se mantiene vigente. Las palabras de Sheinbaum Pardo ofrecen una promesa de resolución, pero el verdadero desafío será asegurar que estas promesas se traduzcan en acciones concretas que beneficien a las comunidades afectadas y restauren el ecosistema dañado. La vigilancia de las autoridades, la presión de la sociedad civil y el compromiso de la nueva administración serán claves para enfrentar este largo y doloroso capítulo de la historia ambiental de México.