Tras el asesinato del edil Carlos Manzo, Michoacán revela hallazgos forenses, vínculos con crímenes previos y tensiones políticas tras protestas violentas en Morelia.
La mañana del 3 de noviembre de 2025 fue de revelaciones en Morelia. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal general Carlos Torres Piña comparecieron ante los medios para dar a conocer los primeros avances en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en plena vía pública.
Torres Piña detalló que se han realizado más de 40 dictámenes periciales —desde balística y genética hasta química forense y retrato hablado—. Aunque el cuerpo del presunto agresor aún no ha sido reclamado, los análisis indican que se trataba de un joven de entre 17 y 19 años, con rastros de metanfetaminas y mariguana en su sistema, y positivo en la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de disparo. Además, de forma extraoficial, se supo que no tiene credencial del INE, lo que refuerza la hipótesis de que era menor de edad o no estaba documentado.
Pero el caso se complica: según inteligencia, análisis de videos y testimonios, el atentado fue planeado por al menos dos personas, una de ellas el propio fallecido. En la escena del crimen, las autoridades recuperaron un arma de fuego calibre 9 mm, ya vinculada a dos hechos delictivos previos: un doble homicidio el 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad, y un ataque en un bar el 23 de octubre en La Gran Parada, donde un trabajador perdió la vida.
El gobernador Ramírez Bedolla, visiblemente conmovido, rindió homenaje a Manzo: “Era un alcalde joven, echado para adelante, valiente, decidido, humano. Salía todos los días, asumiendo riesgos por su lucha contra la delincuencia”. Recordó que en lo que va de 2025 realizó 19 visitas a Uruapan junto al edil, con quien coordinó proyectos para 2026 y sostuvo reuniones en Casa Michoacán. Aseguró que el próximo presidente municipal —nombrado por el cabildo— recibirá “todo el apoyo” de su gobierno, incluyendo respaldo al Movimiento del Sombrero, fundado por Manzo.
La tensión no se limitó al crimen. El 2 de noviembre, protestas en el Palacio de Gobierno en Morelia se tornaron violentas. Ramírez Bedolla acusó que detrás de los disturbios estaban grupos del PRI, el PAN y movimientos de derecha como FRENA, junto con el exmagistrado Froylán Muñoz, a quien calificó como adversario de la reforma judicial. “Él perdió la elección, pero ahora incita al caos”, afirmó. Ocho personas fueron detenidas, y el gobernador defendió el uso de la fuerza pública: “Había ánimos incendiarios… no podíamos permitir que prendieran fuego al Palacio”.
En medio de la crisis, el comandante de la 21 Zona Militar, Juan Bravo Velázquez, reafirmó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. “Me reuní cuatro veces con Manzo para analizar seguridad. Había comunicación constante”, dijo, desmintiendo versiones de abandono federal.
Así, mientras la Fiscalía avanza en la reconstrucción del crimen, Michoacán enfrenta una encrucijada: justicia para un alcalde asesinado, seguridad en una región fracturada y estabilidad política frente a actores que aprovechan el duelo. La investigación sigue abierta, pero una cosa es clara: el legado de Carlos Manzo no se apagará en silencio.