El 1 de noviembre de 2025, en pleno festejo del Día de Muertos, un disparo silenció al alcalde Carlos Manzo. La investigación revela una red de protección que no alcanzó a detener al asesino.
Uruapan, Michoacán, amaneció con el alma en vilo. Era 1 de noviembre de 2025, Día de Muertos, y el alcalde Carlos Manzo participaba en un evento público, rodeado de flores de cempasúchil y ciudadanos que lo saludaban con respeto. De pronto, un estruendo. Un hombre, sin identificación, se abrió paso entre la multitud y disparó a quemarropa. Manzo cayó. La seguridad municipal reaccionó al instante: abatió al agresor en el lugar. Pero el daño ya estaba hecho.
Tres días después, desde Palacio Nacional, altos funcionarios ofrecieron un parte detallado que dejó al descubierto una paradoja dolorosa: el alcalde contaba con una de las estructuras de protección más robustas del estado, y aun así fue alcanzado.
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, explicó que desde diciembre de 2024, Manzo tenía asignados seis elementos de la Guardia Nacional y un vehículo. En mayo de 2025, ese esquema se reforzó con ocho agentes más y un segundo vehículo, a iniciativa del coordinador estatal. Además, se realizaron operativos de inteligencia en la zona para monitorear a grupos como Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Blancos de Troya, todos activos en la región.
La seguridad inmediata, sin embargo, dependía de policías municipales elegidos personalmente por Manzo. Según Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, no hay indicios de que esos oficiales tuvieran vínculos con el crimen organizado. Pero el punto ciego fue otro: el evento no contaba con revisión de asistentes. El agresor, con documentos que permitieron rastrear su hospedaje pero sin identificación oficial, se acercó con facilidad y disparó.
Las investigaciones avanzan a toda velocidad. Se analizan videos de cámaras públicas y privadas, se reconstruyen los movimientos del atacante y se busca determinar si actuó solo o con cómplices. Aunque su cuerpo fue abatido, su identidad sigue sin confirmarse, y se sospecha que podría estar vinculado a alguno de los tres carteles que operan en la zona.
Mientras, las autoridades descartan por ahora la intervención de la Fiscalía General de la República, confiando en la Fiscalía de Michoacán, que ya ha recabado evidencia clave. Al mismo tiempo, se desplegaron operativos conjuntos federales, estatales y municipales en Uruapan y Tacámbaro, con presencia permanente de la Guardia Nacional, detenciones por extorsión y monitoreo constante mediante inteligencia de video.
Curiosamente, el 8 de octubre se habían retirado 200 elementos de la zona, para reforzarla nuevamente con 100 más el 18 de octubre —una fluctuación que las autoridades justifican como parte de la estrategia dinámica de despliegue. Hoy, México tiene 102,000 efectivos del Ejército y Guardia Nacional distribuidos estratégicamente, pero el caso de Manzo demuestra que la cercanía del enemigo sigue siendo letal.
En medio del duelo, Michoacán enfrenta una pregunta urgente: ¿cómo proteger a quienes se atreven a gobernar en zonas de conflicto? La respuesta, por ahora, está en la investigación… y en la memoria de un alcalde que no se escondió.