El duelo por Carlos Manzo se convirtió en grito de indignación: mientras su cuerpo era velado, el gobernador de Michoacán fue expulsado entre insultos y acusaciones de omisión.
La funeraria San José de Uruapan, Michoacán, se transformó este domingo en el epicentro de un duelo colectivo y una justa furia. Allí, entre veladoras, flores de cempasúchil y lágrimas, el cuerpo del alcalde Carlos Manzo Rodríguez —asesinado a balazos el 1 de noviembre tras inaugurar el Festival de las Velas— fue despedido por su pueblo. Pero el recogimiento se quebró cuando llegó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Apenas pisó el acceso principal, escoltado por una nutrida guardia de seguridad, los gritos estallaron: “¡Fuera!”, “¡Fue tu culpa!”, “¡Ojalá sigas tú!”. Los asistentes —familiares, vecinos, servidores públicos— lo recibieron con una mezcla de dolor y rabia. Algunos intentaron bloquearle el paso. Otros lo llamaron “asesino” y “inútil” mientras el equipo de seguridad abría camino entre empujones.
El gobernador logró entrar, pero sólo unos minutos. La tensión era insostenible. La viuda de Manzo, abrazando a sus hijos, le pidió que se retirara. Ni siquiera hubo un apretón de manos. Al salir, los reclamos se intensificaron: “¡Justicia, justicia!” resonó como un eco que trascendió las paredes del recinto y se viralizó en redes sociales, donde videos del momento acumulan miles de reproducciones.
Este rechazo no es gratuito. En los meses previos a su asesinato, Manzo —alcalde independiente y exdiputado federal— había denunciado amenazas directas del crimen organizado y solicitado reforzamientos de seguridad al gobierno estatal y federal. Aunque contó con presencia de la Guardia Nacional, el operativo fue retirado semanas antes del atentado, una decisión que hoy muchos consideran fatal.
Más tarde, en el Centro Histórico de Uruapan, cientos de personas se congregaron en un homenaje público frente al monumento de José María Morelos. Con vestimenta blanca —símbolo de paz y exigencia—, depositaron ofrendas y aplaudieron al edil caído. Su hermano, Gabriel Manzo Rodríguez, tomó la palabra con voz firme: “La violencia no podrá borrar su legado. Seguiremos su lucha por un Uruapan libre del crimen”.
Mientras, desde la esfera federal, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, respondió al ofrecimiento del exembajador estadounidense Christopher Landau de apoyar en la investigación: “Toda la cooperación es bienvenida”, dijo, abriendo la puerta a una colaboración binacional en el caso.
Pero en las calles de Uruapan, lo que prevalece no es la diplomacia, sino la exigencia de respuestas. La expulsión del gobernador del funeral no fue un arrebato: fue un veredicto popular. Porque cuando un alcalde es asesinado tras pedir ayuda, y las fuerzas de seguridad se retiran, el silencio de las autoridades se convierte en cómplice.
Hoy, Michoacán no solo llora a un líder. Exige que su muerte no sea en vano.