“El reloj judicial se detiene: la Corte frena las maniobras de Salinas”
En los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde suelen resonar argumentos jurídicos y debates constitucionales, esta semana se escuchó un mensaje inusualmente contundente: no más dilaciones. El ministro presidente, Hugo Aguilar, cerró con firmeza la puerta a una nueva táctica dilatoria del magnate Ricardo Salinas Pliego, cuyo imperio —formado por Grupo Elektra y TV Azteca— arrastra deudas fiscales por 33 mil 477 millones de pesos.
El intento era casi cinematográfico: las empresas presentaron una carta al Gobierno el 16 de octubre proponiendo “ajustar” sus adeudos a apenas entre 5 mil y 8 mil millones de pesos —menos del 27% de lo que realmente deben— y solicitaron a la Corte que pospusiera sus sentencias mientras negociaban. Pero Aguilar no cedió. En siete expedientes, respondió con la misma contundencia: “No existe disposición legal que faculte al Ministro Presidente suspender el dictado del fallo”.
Detrás de esta negativa hay una historia de años de litigios, estrategias procesales y una narrativa de “persecución política” promovida desde el Grupo Salinas. Pero los hechos son claros: cinco de los siete créditos fiscales en disputa corresponden a Elektra —dos desde 2024— y dos a TV Azteca. En todos los casos, tribunales colegiados ya validaron las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dejando a la SCJN únicamente la revisión constitucional.
Lo que siguió fue una jugada predecible: el 29 de octubre, Elektra interpuso un nuevo amparo por la “falta de respuesta” de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) a su propuesta. Pero la PFF no cayó en la trampa. Consideró la carta una táctica dilatoria, y se negó a responder: hacerlo, explicaron, generaría un nuevo acto de autoridad y abriría la puerta a más recursos. Aun así, un juzgado admitió el amparo, prolongando un pulso que parece no tener fin.
En medio de este embrollo, el Grupo Salinas intentó incluso promover un impedimento contra los nueve ministros de la Corte, alegando un “clima adverso” por las críticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum. La petición fue desechada de inmediato por Aguilar, quien dejó claro que la Corte no se dejara influir por presiones externas ni por narrativas victimistas.
Ahora, aunque los casos aún no están en la lista de sesiones del Pleno, se espera que sean resueltos en bloque. Cuando eso ocurra, el SAT podrá iniciar el cobro forzoso de los créditos, salvo que el grupo decida pagar voluntariamente —algo que, tras años de evasión legal, parece poco probable.
Esta vez, sin embargo, el mensaje es inequívoco: la justicia no se negocia, ni con millonarios.