El Congreso peruano, dominado por la derecha fujimorista, escaló su conflicto con México al declarar “persona non grata” a la presidenta Claudia Sheinbaum, en un movimiento ampliamente visto como una venganza política por el asilo otorgado a exfuncionarios de Pedro Castillo.
Lima, Perú — Jueves, 6 de noviembre de 2025. En una sesión tensa y profundamente politizada, el Congreso de la República aprobó una resolución simbólica pero cargada de tensión diplomática: declarar “persona non grata” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una de las líderes más influyentes del mundo, recientemente reconocida por la revista Time. La medida, impulsada por la bancada fujimorista, acusa a la mandataria mexicana de “injerencia inaceptable en asuntos internos del Perú” y de mantener, desde su llegada al poder en octubre de 2024, una “posición claramente hostil” hacia la nación andina.
Sin embargo, detrás de la retórica institucional, hay un trasfondo político evidente. Desde el derrocamiento en 2022 del presidente Pedro Castillo —un maestro rural de origen indígena, electo democráticamente—, el Congreso peruano ha estado bajo el control de élites conservadoras y sectores fujimoristas que orquestaron su destitución. La gota que colmó el vaso fue la decisión del gobierno mexicano, primero bajo López Obrador y ahora bajo Sheinbaum, de otorgar asilo humanitario a Betssy Chávez, exjefa de Gabinete de Castillo, y de brindar apoyo a su familia. Para los legisladores golpistas de Lima, esto representó una afrenta directa.
La moción fue sustentada por Ernesto Bustamante Donayre, congresista fujimorista conocido por sus posturas ultraconservadoras y comentarios misóginos. En marzo pasado, afirmó en el pleno que “no existe una condición biológica que incentive a las mujeres a participar en ciencias”, lo que le valió una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria. Su participación en este episodio refuerza la percepción de que la medida no responde a principios diplomáticos, sino a una estrategia de confrontación ideológica.
Cabe recordar que el Congreso peruano sigue liderado por figuras como José Jerí, expresidente del Legislativo, cuya gestión fue rechazada por el 83% de los peruanos, según una encuesta de Datum Internacional publicada en El Comercio. Jerí —acusado de corrupción y abuso sexual— encarna la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Legislativo en Perú, dominado por el fujimorismo, corriente política encabezada por Keiko Fujimori, hija del expresidente condenado Alberto Fujimori. Ambos han estado vinculados a episodios oscuros: autogolpes, violaciones a derechos humanos, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas.
Ante este escenario, la presidenta Sheinbaum ha optado por el silencio diplomático, fiel a la tradición mexicana de evitar confrontaciones públicas y privilegiar los canales institucionales. Mientras el Congreso peruano busca distraer de sus propios escándalos con gestos simbólicos, México mantiene una postura firme pero discreta: defender el derecho al asilo, la no intervención y la autonomía de los pueblos. En un contexto regional marcado por tensiones políticas y retrocesos democráticos, este enfrentamiento simbólico revela más sobre la fragilidad interna de Perú que sobre una verdadera crisis bilateral.