Mientras halcones en EE.UU. exigen el aislamiento total de Caracas, Chevron defiende su presencia en Venezuela como un pilar de estabilidad económica y cooperación regional
En los pasillos del poder en Washington, una decisión aparentemente técnica ha generado ondas sísmicas: la renovación de la licencia a Chevron para operar en Venezuela, aprobada por el gobierno de Nicolás Maduro, ha reabierto una grieta profunda dentro de la política exterior estadounidense. Lo que para unos es una traición a la línea dura contra el chavismo, para otros —incluido el presidente Donald Trump, quien impulsó la medida pese a la resistencia interna— es un acto de realpolitik energética.
El pulso se ha intensificado con las recientes declaraciones de Mike Wirth, CEO de Chevron, quien no dudó en defender la operación venezolana: “Vemos nuestra presencia en Venezuela como algo bueno para la gente de Venezuela y para Estados Unidos”. Lejos de ser una postura corporativa egoísta, Wirth argumenta que el crudo pesado venezolano es esencial para las refinerías del Golfo de México, diseñadas específicamente para procesar ese tipo de hidrocarburo. “Cortarlo sería un acto de autolesión económica”, subraya la lógica industrial.
Este escenario adquiere mayor relevancia en un momento en que la producción de esquisto en EE.UU. enfrenta caídas, la inversión en fósiles se vuelve más hostil y la seguridad energética se convierte en prioridad nacional. Aquí, los activos venezolanos de Chevron —baratos, cercanos y altamente eficientes— emergen como un activo estratégico.
Alejandro Terán, presidente de la Asociación Latinoamericana de Petróleo y Gas, aporta cifras contundentes: mientras producir un barril en Texas cuesta 45 dólares, en Venezuela apenas 7. Además, su ubicación —a solo cuatro días náuticos del Golfo— y la infraestructura en puertos como Galveston, capaz de embarcar hasta 3 millones de dólares diarios en petróleo, convierten a Venezuela en un socio logístico insustituible.
Pero el impacto va más allá del comercio bilateral. En el terreno, Chevron se ha convertido en un pilar de la supervivencia de la industria petrolera venezolana. Según el experto energético Werther Sandoval, las empresas mixtas con Chevron lideran la producción nacional. En particular, Petropiar —joint venture en la Faja del Orinoco— produce 107,400 barriles diarios, la cifra más alta del país, en medio de una industria devastada por años de sanciones unilaterales.
La salida de Chevron, como ocurrió en etapas anteriores bajo presión política, no solo aceleró el colapso operativo de PDVSA, sino que generó consecuencias humanitarias y geopolíticas impredecibles. Hoy, su regreso —aunque restringido— representa una chispa de estabilidad en una economía en ruinas.
Wirth lo resume con una visión que contrasta con el aislacionismo: “Creemos que el comercio regional y las inversiones extranjeras son vehículos para que los países trabajen juntos”. En un mundo fracturado, Chevron apuesta por la articulación, no por el bloqueo absoluto.
Así, en medio de tensiones ideológicas y cálculos geopolíticos, la operación de Chevron en Venezuela se erige como un caso de estudio sobre cómo los intereses económicos reales a menudo prevalecen sobre las líneas discursivas del poder.