El Hambre como Moneda de Cambio: La Batalla por Salvar el Programa de Alimentos en EE.UU.
En el país más poderoso del mundo, una batalla política está dejando sin comida en la mesa a 42 millones de personas. El cierre del gobierno de Estados Unidos, que ya acumula 38 días, ha congelado los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), sumiendo en la incertidumbre a una de cada ocho familias estadounidenses que dependen de estas transferencias mensuales para comer.
La crisis estalló cuando el Departamento de Agricultura (USDA) anunció que, a partir del 1 de noviembre, los pagos del SNAP se suspenderían por completo. El programa, que requiere aproximadamente 8,000 millones de dólares mensuales para funcionar, se había convertido en moneda de cambio en la disputa presupuestaria entre republicanos y demócratas. La Casa Blanca sostuvo que las ayudas solo se entregarían cuando los demócratas en el Congreso acordaran reabrir el Gobierno, usando el hambre como ficha de negociación.
Pero la Justicia intervino con velocidad. Magistradas en Massachusetts y el juez John McConnell Jr. en Rhode Island emitieron órdenes a finales de octubre instando al USDA a utilizar fondos de emergencia. Estas primeras órdenes judiciales forzaron al Gobierno a dar marcha atrás en la suspensión total. En respuesta, las agencias federales accedieron a financiar parcialmente el SNAP en noviembre, utilizando un fondo de contingencia de 4,650 millones de dólares, suficiente solo para cubrir aproximadamente la mitad de los beneficios habituales.
El juez McConnell volvió a interceder con contundencia, rechazando la propuesta de pago parcial. “La financiación a medias hará que las personas pasen hambre, los centros de alimentos estén sobrecargados y provocará un sufrimiento innecesario”, advirtió el magistrado, ordenando a la Administración Trump asignar fondos para cubrir completamente los beneficios antes del 7 de noviembre para evitar “daños irreparables”.
La reacción del vicepresidente J. D. Vance no se hizo esperar, calificando el fallo de “absurdo” y argumentando que un juez federal no debería dictar la política del Gobierno. Inmediatamente, el Departamento de Justicia notificó la decisión de apelar la orden, manteniendo viva la controversia y extendiendo la angustia de millones.
Detrás de esta batalla legal y política se esconde una realidad más profunda. Las cifras oficiales muestran un crecimiento alarmante: mientras en el año 2000 los beneficiarios de asistencia alimentaria eran 17 millones, para 2024 esa cifra se había disparado a 41.7 millones. Como explica el analista José Luis Romano, esta expansión está intrínsecamente ligada a los ciclos económicos, con picos durante la crisis de 2008-2009 y la pandemia de COVID-19 en 2020.
Pero Romano señala razones estructurales más preocupantes: “Contrario al mito popular, una gran porción de los beneficiarios son adultos que trabajan en empleos de bajos salarios. El sistema económico de EE.UU. no garantiza que un trabajo a tiempo completo pague lo suficiente para cubrir la comida de todo el mes”. El SNAP, en esencia, funciona como un subsidio salarial indirecto en una economía donde la desigualdad se ha vuelto extrema y el costo de vida persistentemente alto.