Hermosillo despertaba al ritmo del bullicio legislativo, en un día más en que las voces resonaban con la firmeza de los ideales. Era 17 de septiembre de 2024 y, bajo el calor implacable de Sonora, el Congreso estatal se preparaba para deliberar temas de gran importancia, donde los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad ocuparían un lugar central.
En el pleno, la diputada Rebeca Silva Gallardo, de Nueva Alianza Sonora (NAS), se levantó con determinación. Sus palabras trazaron el camino que buscaría establecer una exigencia clara a los 72 ayuntamientos del estado: atender el principio de paridad de género, aplicar los preceptos de la Ley 3 de 3 y cumplir con las cuotas que garantizan la inclusión de personas con discapacidad en los puestos de servicio público municipal. Esta ley, explicó la legisladora, es un muro de contención frente a aquellos que buscan el poder sin rendir cuentas a sus acciones; aquellos que tienen en su historial sentencias por violencia sexual, de género o son deudores alimentarios morosos, no podrán ostentar cargos públicos.
Mientras las palabras de Silva Gallardo recorrían el recinto, la atención de los presentes se mantenía firme. Se trataba de un exhorto necesario, una llamada a la justicia y la equidad en un sistema que, por tanto tiempo, había dado la espalda a aquellos que más necesitaban representación.
El día no terminaría ahí. El Congreso tenía más en su agenda, y pronto la diputada Elia Sallard Hernández, de Morena, tomó el micrófono para dar lectura a una reforma que redefiniría el papel de la Comisión Estatal de Vivienda (COVES), ahora bajo la Secretaría de Desarrollo Social, con la creación del Consejo Estatal de Vivienda. La vivienda, un derecho básico, cobraba vida en cada enunciado, como una promesa de un hogar seguro para cada sonorense.
Al mismo tiempo, en otra esquina del salón, Rubén Refugio González Aguayo, del Partido del Trabajo, presentó su propuesta de reforma a diversas leyes estatales, todas ellas buscando proteger a quienes utilizan plataformas digitales de hospedaje. La seguridad y el bienestar de los usuarios eran el eje de su discurso, planteando un nuevo marco normativo para garantizar la integridad de todos.
Finalmente, la jornada cerró con el diputado Emeterio Ochoa Bazúa, del PRI, quien propuso una iniciativa que eliminaría el cobro de almacenaje de vehículos para quienes, víctimas de un delito, ya habían perdido lo suficiente. Su propuesta era un respiro en medio de la tormenta legal que muchas víctimas enfrentaban.
Con el reloj avanzando y las luces del Congreso aún brillando bajo el sol abrasador de Hermosillo, se acordó que las deliberaciones continuarían al día siguiente. Los temas que habían tomado protagonismo en esa sesión —los derechos de las mujeres, la inclusión de las personas con discapacidad, y la protección de los más vulnerables— quedaban grabados en la memoria de un estado que, poco a poco, seguía construyendo el futuro que merecía.