Bajo el cielo implacable de Hermosillo, el 17 de septiembre de 2024, el Congreso del Estado de Sonora se vistió de justicia. Entre discursos y propuestas, una voz resonó con especial fuerza: la del diputado Emeterio Ochoa Bazúa, del PRI, quien se levantó para presentar una iniciativa que apuntaba directamente al corazón del sistema legal, donde las víctimas de delitos enfrentaban no solo el dolor de su pérdida, sino también cargas económicas desproporcionadas.
El proyecto de decreto presentado por Ochoa Bazúa proponía una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. En el epicentro de la reforma, se encontraba una adición a la Fracción VII del Artículo 6º de la ley, destinada a eliminar los costos que las víctimas de delitos debían pagar por el almacenamiento de sus vehículos en corralones durante los procesos de investigación. “La justicia no solo debe buscar la reparación del daño”, argumentaba el legislador, “sino también evitar que las víctimas enfrenten cargas adicionales injustas”.
La injusticia, señaló Ochoa Bazúa, se reflejaba en los costos que, día tras día, las víctimas debían cubrir para recuperar sus vehículos, a menudo llevándolos a pagar entre 150 y 300 pesos diarios, una suma que, en muchos casos, podía superar el valor del vehículo mismo. La propuesta era clara: los vehículos de las víctimas, tras concluir los actos de investigación, debían ser devueltos sin costo alguno.
El legislador expuso con firmeza cómo el sistema actual imponía una carga doble sobre aquellos que ya habían sufrido el impacto de un delito. Además de lidiar con el trauma y la pérdida, las víctimas se veían forzadas a cubrir un gasto que, en justicia, no les correspondía. “No basta con reparar el daño; debemos impedir que estas personas se vean agobiadas por una deuda que jamás deberían haber tenido”, sentenció.
La iniciativa de Ochoa Bazúa buscaba no solo una corrección en la ley, sino también una mayor sensibilidad en el trato hacia las víctimas. Su propuesta prometía alivio, equidad y, sobre todo, justicia para aquellos que, al enfrentar una situación de vulnerabilidad, no debían soportar una carga más.
Con el ambiente cargado de expectativa, la mesa directiva de la 64 Legislatura recibió el proyecto y lo turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Allí comenzaría un nuevo capítulo para esta propuesta, que, de ser aprobada, marcaría un cambio significativo en el proceso de justicia para las víctimas de delitos en Sonora.
Así, entre los pasillos del Congreso, donde se entrecruzaban las voces de quienes buscaban legislar por un Sonora más justo, la figura de Emeterio Ochoa Bazúa quedó grabada como un defensor de aquellos que no debían seguir pagando el precio de un sistema injusto.