La Batalla Legal del Siglo: Los 102 Amparos que Mantienen en Vilo 49 Mil Millones de Pesos
En lo que representa una de las batallas fiscales más prolongadas y complejas de la historia reciente de México, las empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los últimos cinco años. Esta estrategia legal ha conseguido retrasar sistemáticamente la resolución definitiva de nueve juicios por créditos fiscales que, en conjunto, suman la astronómica cifra de 49 mil millones de pesos.
El desenlace de esta épica contienda legal está próximo. La SCJN resolverá este 13 de noviembre siete de los nueve litigios pendientes contra el consorcio de Ricardo Salinas Pliego, mediante proyectos que abordan amparos directos en revisión, recursos de reclamación e impedimentos. Las sentencias de los tribunales colegiados, de confirmarse, obligarían a Grupo Elektra y TV Azteca a pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 48,326 millones 809 mil pesos, correspondientes a ejercicios fiscales que se remontan hasta 2008.
La magnitud de la deuda es tal que, incluso si se resuelven estos siete recursos, aún quedarían dos juicios pendientes a cargo de la ministra Lenia Batres que suman créditos fiscales por más de 712 millones de pesos adicionales. Pero el caso más emblemático de esta guerra legal es sin duda el amparo directo en revisión 6321/2024, que acumula 28 recursos interpuestos por sí solo.
Este juicio particular, que incluye solicitudes de facultad de atracción, reclamaciones y una decena de impedimentos, tiene su origen en un crédito fiscal originalmente determinado por el SAT en 18,455 millones 167 mil 83 pesos por concepto de ISR del régimen de consolidación fiscal del ejercicio 2013. Sin embargo, tras la aplicación de recargos, multas y actualizaciones, la deuda se ha inflado hasta los 33,306 millones 476 mil 349 pesos que actualmente reclaman las autoridades.
La estrategia legal de Grupo Salinas ha incluido intentos sistemáticos de apartar a ministros de sus casos, particularmente a la ministra Lenia Batres Guadarrama, alegando falta de imparcialidad y conflicto de intereses. El próximo jueves, el máximo tribunal desecharía 15 recursos de recusación pendientes, cerrando así una de las vías de dilación más utilizadas por el consorcio.
Esta batalla legal no solo representa un desafío jurídico sin precedentes, sino que se ha convertido en un caso emblemático de la capacidad del sistema tributario mexicano para perseguir grandes deudas fiscales. Los 102 amparos interpuestos en cinco años revelan una estrategia de litigio que prioriza la ganancia de tiempo sobre la resolución sustantiva, mientras la deuda continúa acumulando recargos que la hacen crecer exponencialmente.