De los mensajes de texto clasificados a la sala del Congreso: Los planes secretos que autorizaron el segundo golpe fatal en el mar Caribe
En los cuarteles del Comando Sur, semanas antes del primer ataque, los planes ya contemplaban la posibilidad más sombría. Según múltiples funcionarios estadounidenses, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó planes de contingencia que delineaban qué hacer si un ataque a una “narcolancha” dejaba sobrevivientes. La directriz era clara: el ejército intentaría rescatar a quienes parecieran “indefensos y náufragos”, pero volvería a intentar matarlos si realizaban cualquier acción que Estados Unidos considerara “hostil”, como comunicarse por radio con presuntos miembros de un cártel. Este jueves, esos planes secretos adquirieron un significado explosivo cuando el almirante Frank M. Bradley, quien dirigió la operación, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, comparecieron ante el Congreso para defender lo que críticos llaman un posible crimen de guerra.
La audiencia se centra en un momento específico y sangriento: el 2 de septiembre, durante el primer ataque de esta campaña. Tras el primer bombardeo, hubo dos supervivientes. Según los oficiales, uno de ellos pidió ayuda por radio. Fue entonces cuando el almirante Bradley, interpretando esa comunicación como un acto hostil que ponía fin a su condición de “náufrago” protegido, ordenó un ataque de seguimiento. Ambos hombres murieron. Este segundo ataque es ahora el corazón de una investigación legislativa bipartidista que cuestiona la legalidad de toda la campaña ordenada por el presidente Donald Trump y ejecutada por Hegseth.
La defensa del Pentágono, según las autoridades, será “enérgica”. Argumentarán que el ataque de seguimiento fue legal, basándose en los planes preaprobados y en una interpretación estricta del derecho internacional humanitario. Su manual establece que los combatientes “solo se consideran náufragos si han cesado toda actividad de combate activo”. Al pedir ayuda por radio, sostendrán, los sobrevivientes reanudaron las hostilidades. Esta lógica, sin embargo, descansa sobre una premisa mayor y muy controvertida: la determinación de Trump de que Estados Unidos está en un “conflicto armado formal con los cárteles de droga”, y por lo tanto, los traficantes son “combatientes” legítimos. Un memorando secreto de la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia respalda esta visión, concluyendo que los ataques son legales porque el cargamento de droga es un “objetivo militar lícito”.
Pero una amplia gama de expertos jurídicos independientes rechaza esta teoría. Argumentan que no existe tal conflicto armado internacional, que las tripulaciones son civiles y que las órdenes de Trump y Hegseth equivalen a “ejecuciones sumarias” y “asesinatos” ilegales. El interés bipartidista en el caso, señalan analistas, se debe a que los republicanos pueden criticar el ataque de seguimiento (por ser un presunto crimen de guerra incluso dentro de la lógica del gobierno) sin desafiar directamente la premisa de Trump.
La investigación del Congreso busca ahora pruebas concretas. Los legisladores han solicitado revisar documentación clave, incluida la “orden de ejecución” de Hegseth, las reglas de enfrentamiento y, crucialmente, los registros de un sistema de mensajes de texto clasificado llamado “Strike Bridge”. Según The New York Times, este sistema se usó para comunicaciones entre Bradley y los operadores del SEAL Team 6 que piloteaban el dron, y guarda automáticamente los mensajes. También han pedido ver el video completo y sin editar del enfrentamiento. Trump dijo el miércoles que divulgaría cualquier video que el gobierno tuviera, pero no está claro si el Pentágono entregará toda la documentación solicitada.
La cadena de mando está bajo la lupa. Hegseth emitió las órdenes generales que autorizaban hundir embarcaciones, destruir drogas y matar a las personas a bordo. Luego revisó y aprobó los planes específicos para la operación del 2 de septiembre, aunque delegó la dirección táctica a Bradley. Funcionarios dicen que Hegseth apoya plenamente las acciones de Bradley y cree que se ajustaron a los planes. Sin embargo, Hegseth admitió el martes que, aunque observó el video en vivo del primer ataque, no “se quedó” para ver si había sobrevivientes ni el segundo ataque que los mató.
La crónica que emerge es la de una campaña nacida de una doctrina legal extrema, ejecutada con planes que anticipaban matar a sobrevivientes, y que ahora enfrenta su prueba más dura en el Capitolio, donde la defensa del Pentágono chocará con legisladores que buscan determinar si una llamada de auxilio en el mar justificó una segunda ráfaga de fuego.