Las Concesiones de la Sequía: El Agua que Acapara la Vieja Política
La crisis del agua en México no solo es un fenómeno climático; es también un reflejo de una geopolítica interna donde el acceso al vital líquido ha sido, por décadas, un privilegio otorgado a círculos de poder. Un reciente reportaje del medio Revolución 3.0, basado en datos oficiales del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) con corte al 30 de septiembre de 2025, dibuja un mapa alarmante: en estados como Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila, bastiones históricos del prianismo y epicentros de una severa emergencia hídrica, el agua sigue fluyendo en grandes volúmenes hacia las propiedades de exgobernadores, sus familias y figuras políticas prominentes.
La crónica de este acaparamiento podría comenzar en Guanajuato, en la ex hacienda de San Cristóbal, propiedad de la familia del expresidente Vicente Fox Quesada. Según el Repda, la familia Fox Quesada ostenta diez concesiones de uso agrícola en el estado, todas alimentadas por acuíferos catalogados en estrés hídrico, como “La Muralla”. En conjunto, estos títulos les permiten extraer alrededor de 2.17 millones de metros cúbicos de agua al año. La mayor concesionaria dentro del clan es Mercedes Fox Quesada, con un permiso para extraer medio millón de metros cúbicos anuales. Mientras, en el norte del estado, regiones como León padecen cortes y disminución de sus mantos freáticos.
El patrón se repite con otros pesos pesados del PAN local. La familia del senador Miguel Márquez Márquez posee cinco títulos, uno a nombre del propio legislador, con una extracción permitida de 150 mil metros cúbicos al año. Estas concesiones operan en una zona donde la sobreexplotación del acuífero y un déficit crónico de recarga han convertido el agua en un bien cada vez más escaso para la mayoría.
La historia da un salto a Aguascalientes, donde el acuífero “Valle de Aguascalientes” es uno de los más críticos del país, con un déficit anual que supera los 95 millones de metros cúbicos. En medio de esta emergencia, la familia del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat concentra cinco registros agrícolas en este mismo acuífero, con permisos que suman más de 717 mil metros cúbicos de extracción anual. En esta región, los niveles de agua subterránea han venido descendiendo entre 1.5 y 2 metros por año, un declive que contrasta con la seguridad del suministro que disfrutan estas concesiones privilegiadas.
La crónica llega luego a Coahuila, gobernada por Manolo Jiménez Salinas. El mandatario en funciones posee un título agrícola que le permite extraer 120 mil metros cúbicos de agua al año. Su hermano tiene otro por 50 mil metros cúbicos. Ambos se abastecen del acuífero “Región Manzanera Zapalinamé”, en Arteaga, una zona donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha advertido que no es posible otorgar más permisos debido a la nula disponibilidad. El municipio ha arrastrado condiciones de sequía que oscilan entre moderadas y extremas desde 2020, según el Servicio Meteorológico Nacional.
En el mismo estado, la figura del priista Enrique Martínez y Martínez, exgobernador y exsecretario de Agricultura, aparece con nueve concesiones entre Arteaga y Saltillo, para usos agrícolas, domésticos y de servicios. Entre ellas destaca una autorización de 2003 para ocupar y explotar una zona federal en el Arroyo El Charquillo, de 9,261 metros cuadrados.
Estos casos, documentados con números y ubicaciones precisas, no son anomalías aisladas. Ilustran un sistema de concesiones que por décadas permitió la concentración del recurso en pequeños grupos vinculados al poder. Este patrón explica, en parte, la férrea oposición de ciertos sectores políticos a la nueva Ley General de Aguas, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados. Esta legislación busca precisamente limitar el acaparamiento, fortalecer la vigilancia y priorizar el derecho humano al agua sobre los usos comerciales, reconociendo sistemas comunitarios e impidiendo la concentración en zonas vulnerables. La sequía, así, no es solo un problema de nubes, sino de privilegios heredados.