La sombra de los hallazgos: cómo las irregularidades financieras precedieron al desastre del tren
El humo se disipó sobre las vías retorcidas en Oaxaca, dejando al descubierto una tragedia numérica y humana: 13 muertos, 98 heridos. Pero mientras los equipos de rescate trabajaban entre los hierros del Tren Interoceánico descarrilado, otro tipo de evidencias, más frías y acumuladas en carpetas, comenzaban a resonar con un eco siniestro. Eran los documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que durante años habían estado señalando, con la precisión burocrática de un faro, una serie de irregularidades en el mismo proyecto que ahora yacía destrozado. La pregunta, ahora urgente y dolorosa, sobrevoló la escena: ¿El desvío de recursos allanó el camino para el desastre?
Los reportes, que abarcan de 2020 a 2023, pintan un cuadro de gestión opaca en la rehabilitación de la Línea Z. No se trata de simples errores contables, sino de un patrón de posibles daños al erario que suman más de 33 millones 585 mil 934 pesos. La lista de hallazgos parece un catálogo de malas prácticas: pagos por obras inexistentes, sobrecostos injustificados y la sospechosa sombra del “personal fantasma”. Uno de los primeros indicios, ya en 2020, fue el pago por letreros normativos de obra que, según la auditoría, nunca pudieron ser acreditados. La excusa de la empresa contratista—el vandalismo—no convenció a los fiscales.
Pero las anomalías se profundizaban. En el tramo de La Mata a Colonia Jordán, la ASF detectó un pago excedente por balasto, la piedra fundamental que da soporte y estabilidad a las vías. Se cobró por un volumen muy superior al realmente colocado. Junto a esto, surgió el fantasma de los rieles: se pagó por rieles de mayor peso y precio que, según las evidencias, nunca fueron instalados. La justificación posterior de un “error mecanográfico” no logró borrar la observación de la autoridad, que mantuvo la alerta sobre la diferencia económica.
Quizás uno de los hallazgos más graves se encontró en el tramo Ubero – Mogoñé. Allí, la ASF constató que se había entregado un anticipo estratosférico de 187.9 millones de pesos —equivalente al 20% del contrato— sin que los trabajos hubieran siquiera comenzado. No existía documentación que acreditara el uso correcto de ese recurso público. El agujero financiero más grande, sin embargo, se localizó en un contrato específico donde se inflaron costos por 17.6 millones de pesos: cuadrillas, locomotoras y camiones que, según los reportes y la evidencia fotográfica, simplemente no aparecían en obra.
Ahora, tras el descarrilamiento, estos informes adquieren una dimensión trágica y política ineludible. Dejan de ser solo números en un papel para convertirse en indicios potenciales de un fracaso sistémico. La investigación técnica determinará la causa material inmediata del accidente, pero los documentos de la ASF plantean una causa administrativa y de control que se venía gestando desde hace años. La crónica de esta tragedia, por lo tanto, no comenzó el día del descarrilamiento, sino en las páginas de esas auditorías que durante años intentaron, en vano, corregir el rumbo.