Documentos de la FEC y Open Secrets revelan que gigantes del petróleo financiaron con 26 millones de dólares el regreso de Trump al poder, justo antes de que su gobierno lanzara una operación militar en Venezuela para apoderarse de sus reservas petroleras
Washington, 10 de enero de 2026 — En medio de una ola de intervenciones militares y reconfiguración energética en América Latina, un hallazgo documental ha puesto al descubierto lo que muchos sospechaban: la estrecha relación entre el regreso de Donald Trump al poder y los intereses de las grandes petroleras estadounidenses. Según datos reportados a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) y analizados por Open Secrets, empresas del sector energético donaron cerca de 26 millones de dólares a la campaña presidencial que devolvió a Trump a la Casa Blanca.
Este financiamiento adquiere una dimensión inquietante tras la invasión militar a Venezuela del 3 de enero, que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y abrió las puertas a la explotación directa del petróleo venezolano por parte de compañías estadounidenses. La coincidencia no es casual: mientras Trump prometía “hacer que EE.UU. controle los recursos estratégicos”, las petroleras ya habían invertido fuertemente en su victoria electoral.
Al frente de estas contribuciones está Chevron, la segunda petrolera más grande de Estados Unidos y la única que mantuvo operaciones en Venezuela incluso durante el gobierno de Hugo Chávez. La empresa aportó 2 millones de dólares a la investidura de Trump, según registros oficiales. Le siguen ExxonMobil, Occidental Petroleum y ConocoPhillips, cada una con 1 millón de dólares, y BP America y Shell USA, con 500 mil dólares cada una. Además, fondos adicionales llegaron a través del Instituto Americano del Petróleo y la Range Resources Corporation and Subsidiaries, aunque las cifras exactas aún están bajo revisión.
La inversión parece estar rindiendo frutos. Tras la captura de Maduro, Trump anunció que “grandes compañías petroleras entrarán a Venezuela para arreglar la infraestructura e invertir”, y confirmó que los yacimientos venezolanos “estarán bajo control estadounidense” hasta que se logre una “transición segura”. Para Chevron, que ya tenía acuerdos con PDVSA desde 2022, esto representa una oportunidad sin precedentes: acceder a las mayores reservas probadas de petróleo del mundo sin competencia ni regulaciones locales.
Analistas geopolíticos señalan que esta operación marca un cambio de paradigma: ya no se trata de sanciones económicas o presión diplomática, sino de intervención armada para garantizar el acceso a recursos naturales. Y las petroleras, lejos de ser meras espectadoras, fueron coprotagonistas desde la sombra, financiando al candidato que prometió actuar con mano dura.
Mientras tanto, en Caracas, el gobierno interino de Delcy Rodríguez denuncia un “saqueo imperial”, y en Naciones Unidas, países del Sur Global exigen investigar si hubo colusión entre intereses privados y decisiones de Estado. Porque si una industria puede comprar una política exterior con 26 millones de dólares, entonces la soberanía de las naciones ya no depende de sus pueblos, sino de los balances corporativos.
En este nuevo orden, el petróleo no solo mueve máquinas: mueve ejércitos, gobiernos y elecciones. Y en Washington, nadie lo niega: quien paga, manda.