Cuando la política se viste de uniforme: cómo las redadas federales siembran miedo en el corazón del Medio Oeste
El 12 de enero, en pleno invierno del Medio Oeste estadounidense, dos estados alzaron la voz con un solo grito legal: basta. Minnesota e Illinois presentaron sendas demandas contra la administración del presidente Donald Trump, acusando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a su secretaria Kristi Noem y a agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza de desatar una ofensiva migratoria que va más allá de la ley: es, según ellos, una campaña de intimidación política disfrazada de aplicación de la ley.
Las ciudades de Chicago, Minneapolis y Saint Paul se sumaron a las acciones legales, denunciando que las operaciones federales —bajo el nombre de “Operación Metro Surge”— han generado caos, miedo y violaciones sistemáticas de derechos constitucionales. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, no dudó en calificar a los agentes federales como “sin control”, señalando que sus incursiones agresivas en vecindarios pacíficos socavan las libertades fundamentales de miles de residentes, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Ambas demandas argumentan que estas redadas no responden a criterios de seguridad, sino a represalias políticas. Minnesota afirma que la operación está diseñada para castigar a un estado gobernado por demócratas, mientras que Illinois recuerda que Trump ha amenazado reiteradamente a jurisdicciones que limitan su cooperación con ICE —las llamadas “ciudades santuario”.
Pero lo más grave son los métodos denunciados: arrestos sin orden judicial, patrullajes itinerantes en zonas residenciales, uso de gas lacrimógeno, entradas forzadas a propiedades privadas y, lo más alarmante, operativos en escuelas, hospitales y centros comunitarios. En Minnesota, las autoridades estatales documentaron casos de discriminación racial sistemática, con detenciones arbitrarias de personas somalíes e hispanas —incluyendo ciudadanos estadounidenses— basadas únicamente en su apariencia o acento.
Legalmente, los estados invocan la Décima Enmienda de la Constitución, que reserva a los estados los poderes no delegados al gobierno federal. Argumentan que Washington está imponiendo una “invasión federal” y obligando a recursos locales —policías, servicios de emergencia, sistemas judiciales— a participar en una agenda migratoria que no comparten, desviando fondos destinados a la seguridad pública real.
Peor aún, las autoridades federales han anunciado que la presencia de agentes será prolongada en ambas ciudades, con planes de enviar más personal. Para los gobiernos estatales, esto no es una solución, sino una escalada que profundiza la desconfianza entre comunidades inmigrantes y el Estado, poniendo en riesgo la cooperación en investigaciones criminales y emergencias sanitarias.
Las demandas piden una orden judicial urgente para detener las operaciones en sus territorios. Mientras tanto, familias se esconden, niños temen ir a la escuela y vecinos miran con recelo a cualquier vehículo sin identificación. En medio de este clima, Minnesota e Illinois no solo defienden su autonomía: defienden el derecho a vivir sin miedo en su propia casa.