Guerra federal contra las ciudades que protegen a migrantes: Trump retira millones en fondos y enciende la polarización
El 14 de enero de 2026, desde su cuenta en Truth Social, Donald Trump lanzó una bomba política: a partir del 1° de febrero, su administración eliminará todos los apoyos económicos federales destinados a las llamadas “ciudades santuario”. La medida, enmarcada en su ofensiva antiinmigrante, no solo tiene implicaciones presupuestales, sino que profundiza la fractura ideológica en Estados Unidos.
Trump calificó a estas jurisdicciones como “centros corruptos de protección criminal” que “solo alimentan el crimen y la violencia”, ignorando décadas de evidencia que muestran que las políticas de no cooperación con ICE no incrementan la delincuencia. Al contrario, estudios del FBI y universidades como Stanford han demostrado que estas ciudades suelen tener tasas de criminalidad iguales o menores que el promedio nacional.
El término “ciudad santuario” nació en los años 80, cuando iglesias ofrecieron refugio a salvadoreños y guatemaltecos que huían de guerras civiles respaldadas, en parte, por el mismo gobierno estadounidense. Hoy, el concepto ha evolucionado: se refiere a gobiernos locales —en su mayoría demócratas— que limitan su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No se niegan a cumplir la ley, sino que exigen que cualquier entrega de una persona indocumentada vaya acompañada de una orden judicial federal o que la persona tenga antecedentes por delitos graves.
Entre las afectadas están urbes emblemáticas: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Seattle, Miami, Washington D.C., Denver, Minneapolis, Baltimore, Portland (Oregon y Maine), Austin, Dallas, Phoenix, Houston, Detroit, Salt Lake City, y todo el estado de Nueva Jersey. En conjunto, representan a decenas de millones de habitantes y motores económicos clave del país.
Muchas de estas ciudades tienen ordenanzas que prohíben usar recursos municipales —como patrullas, cárceles o personal— para hacer cumplir leyes federales de inmigración. Argumentan que esto fomenta la confianza entre comunidades migrantes y la policía, lo que mejora la seguridad para todos. Un inmigrante que denuncia un robo o testifica en un juicio no temerá ser deportado al acercarse a una estación policiaca.
Pero Trump ve esta lógica como traición. “Si los estados desean estas iniciativas, tendrán que financiarlas ellos mismos”, escribió, ignorando que muchos de esos fondos federales no están vinculados a inmigración, sino a transporte, vivienda, salud o educación. El recorte podría dejar sin recursos programas esenciales, desde autobuses urbanos hasta comedores comunitarios.
Mientras tanto, estados como Texas, Florida, Georgia, Alabama, Iowa, Tennessee y Virginia Occidental han adoptado leyes “antisantuario” que obligan a la policía local a cooperar con ICE, incluso sin orden judicial. Esta dualidad legal ha convertido a EE.UU. en un mosaico de políticas contradictorias, donde los derechos de una persona dependen del código postal en el que vive.
La decisión de Trump no solo busca castigar políticamente a bastiones demócratas; también envía un mensaje claro: la inmigración será tratada como una amenaza, no como una realidad demográfica y económica. Pero las ciudades santuario ya anunciaron que impugnarán la medida en tribunales, argumentando que viola la Décima Enmienda y el principio de autonomía local.
Así, mientras el reloj avanza hacia el 1° de febrero, Estados Unidos se prepara para una nueva batalla legal, fiscal y moral: ¿quién decide cómo se trata a los más vulnerables? ¿Washington… o las comunidades que los acogen?