Justicia en marcha: la Fiscalía de Sonora avanza en el caso del incendio que conmocionó a Hermosillo
Durante casi 18 horas, en una audiencia que se extendió del 13 al 14 de enero, el silencio de la sala judicial fue roto por voces que exigían justicia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró un hito crucial en la investigación del incendio del 1 de noviembre de 2025 en la tienda Waldo’s de Hermosillo, al obtener la imputación formal contra ocho personas físicas y una persona moral por su probable responsabilidad penal en la tragedia.
El Ministerio Público presentó pruebas contundentes que sustentan cargos por homicidio culposo, aborto, lesiones, daños, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal. Tras analizar los datos, el Juez de Control determinó que, en la mayoría de los casos, las medidas cautelares no requerían prisión preventiva. Los imputados deberán cumplir con presentación periódica, garantía económica y prohibición de salir del territorio sin autorización, considerando su arraigo, comparecencia voluntaria y ausencia de riesgo para el proceso.
Sin embargo, hubo una excepción grave: José Luis “N.”, representante legal de la empresa, enfrenta prisión preventiva justificada por la gravedad de sus actos, incluyendo el uso de documentos falsos ante autoridades municipales y omisiones que, según la Fiscalía, fueron determinantes para que el siniestro ocurriera. Aunque el juez ordenó su encarcelamiento, no pudo ejecutarse la medida porque el imputado cuenta con una suspensión de amparo vigente —una figura legal que la Fiscalía ya anunció que combatirá jurídicamente para que enfrente el proceso tras rejas.
El caso sigue su curso con urgencia. La defensa solicitó una ampliación de 144 horas para preparar su estrategia, y el 19 de enero se decidirá si los imputados son vinculados a proceso. Mientras tanto, la investigación se ensancha: tres personas más con órdenes de aprehensión comparecerán el 29 de enero, 12 ya judicializadas esperan audiencia bajo amparo, y dos permanecen prófugas.
La FGJES ha dejado claro que no cejará: “Continuaremos realizando todas las acciones legales necesarias para llevar ante los tribunales a todas las personas involucradas”, afirmó en un comunicado, reiterando su compromiso con las víctimas y sus familias. Además, desde el 24 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) participa en la investigación, ya que podrían existir delitos federales relacionados con la construcción, permisos o seguridad industrial.
Detrás de cada cargo hay rostros: madres que perdieron a sus hijos, trabajadores que sufrieron quemaduras, familias rotas por un fuego que, según las autoridades, podría haberse evitado con cumplimiento básico de la ley. Ahora, la justicia camina paso a paso —lento, pero firme— hacia la verdad.