El pulso por el dinero público: cómo la oposición busca preservar el modelo electoral que la 4T quiere transformar
Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reforma electoral centrada en la austeridad, la reducción de plurinominales y el recorte al financiamiento público, un frente amplio de actores ligados a la derecha y al antiguo régimen ha lanzado propuestas en sentido contrario. Lejos de acompañar la tendencia ciudadana de reducir costos y democratizar la representación, este bloque —integrado por Somos MX, Claudio X. González, exconsejeros del INE y figuras del PRI y PAN— busca blindar los mecanismos que garantizan recursos públicos a partidos sin respaldo popular.
Según un reportaje de SinEmbargo, la organización Somos MX —vinculada a la llamada “Marea Rosa” y en proceso de convertirse en partido político— propone una reconfiguración del Congreso bajo un esquema rígido: 50% de diputados de mayoría relativa y 50% de representación proporcional. Aunque sugiere una eventual reducción del número total de legisladores, condiciona cualquier ajuste a que se mantenga ese equilibrio, lo que, en la práctica, preserva el poder de los partidos para imponer candidatos sin voto ciudadano.
Uno de sus redactores, Rodrigo Morales, reconoció abiertamente que su objetivo es “abaratar la entrada a la boleta”, incluso para fuerzas con escaso apoyo. Para lograrlo, proponen flexibilizar el umbral del 3% de votación, separando el acceso al registro, al financiamiento y a la representación legislativa. Así, partidos que no logren el mínimo legal podrían recibir dinero público de forma permanente, trasladando a los contribuyentes el costo de proyectos sin base social.
Detrás de esta propuesta están figuras clave del antiguo sistema electoral: Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE durante más de 14 años, y Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente. Aunque Lorenzo Córdova no aparece formalmente, Morales admitió que es uno de los “principales autores intelectuales” del proyecto, que reproduce fielmente el modelo vigente antes de la Cuarta Transformación.
Paralelamente, Claudio X. González, artífice del bloque opositor entre 2021 y 2024, presentó su propia iniciativa. Su objetivo explícito: impedir que una sola fuerza alcance mayoría calificada. Para ello, propone limitar a 300 diputaciones el número máximo que puede tener cualquier coalición. Además, plantea que la mitad del financiamiento público se reparta de forma igualitaria, sin importar los votos obtenidos, garantizando recursos perpetuos a partidos minoritarios.
Su propuesta también incluye igualdad absoluta en tiempos de radio y televisión, incluso para partidos sin representación, y distribución equitativa de fondos para capacitación, investigación y publicaciones, eliminando cualquier vínculo con el desempeño electoral.
A estas iniciativas se suman las del propio Instituto Nacional Electoral (INE), que en documentos entregados a la Comisión Presidencial ha defendido preservar y fortalecer las diputaciones plurinominales, e incluso avanzar hacia un modelo de proporcionalidad pura. El instituto argumenta que eliminar la representación proporcional podría generar “sobrerrepresentación” de las mayorías, ignorando que el actual sistema permite que partidos con menos del 3% de los votos accedan a curules y millones de pesos.
Frente a este frente conservador, la presidenta Sheinbaum ha señalado que, tras foros ciudadanos y análisis técnico, existen tres ejes de consenso: reducir el financiamiento público a partidos, disminuir el costo de las elecciones y revisar la integración de la Cámara de Diputados. La reforma de la 4T, aún en elaboración, busca romper con un modelo que, durante décadas, convirtió a los partidos en dependientes del erario, no del pueblo.
El debate está servido: ¿debe el Estado financiar a partidos sin respaldo ciudadano? Para la 4T, la respuesta es clara: los recursos públicos deben ir a la gente, no a mantener estructuras políticas obsoletas.