Ciudad de México – El reloj de la historia está en marcha, y México se prepara para un cambio radical en el corazón de su sistema de justicia. Después de la reforma al Poder Judicial, la izquierda en el poder apunta ahora a las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como las fiscalías locales. En un país donde la impunidad reina en más del 90% de los casos, la pregunta que flota en el aire es: ¿es posible reformar el sistema sin transformar a quienes lo ejecutan?
En una conferencia desde Monclova, Coahuila, Gerardo Fernández Noroña, Presidente del Senado, lanzó un mensaje claro y contundente: “Viene una reforma a las fiscalías”. Sus palabras resonaron como una promesa, un compromiso de que las injusticias que marcan la vida cotidiana de millones de mexicanos podrían finalmente encontrar un cauce.
Para el gobierno de izquierda encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el panorama es claro: no basta con reformar los tribunales, se debe actuar sobre quienes investigan y acusan. Las fiscalías, tanto la FGR como las locales, han sido objeto de críticas durante años por su ineficiencia, burocracia y corrupción. Noroña reconoció que esta transformación es una de las grandes preocupaciones de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ya está trabajando en una serie de reformas constitucionales.
El eslabón roto de la justicia
Las cifras no mienten y pintan un cuadro sombrío. En 2022, de más de dos millones de carpetas de investigación iniciadas, apenas el 4.3% fueron judicializadas. Esto significa que solo una pequeña fracción de los delitos denunciados llegó a manos de un juez. Lo demás se pierde en un laberinto de papeles sin resolver, en donde las víctimas encuentran puertas cerradas y los victimarios, impunidad.
México Evalúa, un centro de análisis independiente, ha puesto el dedo en la llaga: las fiscalías han sido el eslabón más débil de la cadena de justicia. ¿De qué sirve contar con un sistema judicial reformado si los delitos nunca llegan a los tribunales? ¿Cómo confiar en las instituciones cuando los responsables de investigar no logran llevar a los culpables ante la ley?
Las fiscalías locales son parte crucial de este reto. En estados como Jalisco, Baja California y la Ciudad de México, cientos de miles de carpetas se acumulan sin ser resueltas. Jalisco encabeza la lista con 491 mil investigaciones pendientes, seguido por Baja California con 398 mil. La magnitud del problema es aterradora.
Defensoría del Pueblo: una esperanza para los más vulnerables
Una pieza clave en esta transformación será la creación de la Defensoría del Pueblo, una institución que promete ser un pilar para quienes no tienen los medios para costear su defensa legal. Noroña describió esta nueva estructura como “poderosa”, diseñada para representar a los más pobres, quienes hoy se enfrentan a un sistema de justicia que suele inclinarse del lado del dinero y la influencia.
En un país donde la mayoría de los ciudadanos no puede permitirse contratar abogados, la Defensoría del Pueblo se presenta como una esperanza. Será un espacio donde los más vulnerables puedan encontrar representación legal sin que sus recursos económicos determinen la calidad de su defensa. La promesa es clara: el pueblo tendrá una voz en las cortes.
Una deuda pendiente
El sexenio del presidente López Obrador ha estado marcado por la promesa de justicia. Sin embargo, las grandes deudas siguen sin resolverse. Casos emblemáticos como Odebrecht, La Estafa Maestra, la compra de la planta chatarra Agronitrogenados, y la trágica desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen sin respuestas claras.
A pesar de los esfuerzos de la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, los avances en estos casos han sido escasos. La sociedad sigue esperando justicia en eventos que han dejado profundas cicatrices en la memoria colectiva del país. Los nombres de las víctimas, los detalles de los crímenes, se han convertido en símbolos de una lucha contra la impunidad que parece no tener fin.
El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 muertos, es otro doloroso recordatorio de que el sistema judicial y las fiscalías aún están lejos de estar a la altura de las demandas de la población.
El futuro incierto
La nueva reforma promete, en palabras de Noroña, “complementar” la transformación del Poder Judicial. Pero ¿será suficiente para enfrentar el profundo entramado de corrupción y negligencia que ha mantenido a las fiscalías en la sombra de la justicia? Claudia Sheinbaum tiene en sus manos una de las tareas más difíciles: transformar la estructura que debe investigar y llevar ante la justicia a los criminales, en un contexto donde los ciudadanos han perdido la confianza en el sistema.
Al mismo tiempo, la Guardia Nacional sigue en el centro del debate. El plan de integrarla formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es parte de las reformas que el Presidente ha impulsado bajo su “Plan C”, una medida que ha generado polémica, pero que avanza en el Congreso.
El camino hacia una verdadera justicia en México es largo y empinado. Las reformas a las fiscalías son apenas un primer paso. Mientras tanto, la mayoría de los ciudadanos sigue esperando que el sistema finalmente funcione a su favor y no en su contra. En este escenario, los próximos meses serán cruciales para determinar si la justicia mexicana está a punto de renacer o si seguirá siendo una promesa incumplida.