En medio de una escalada de terror orquestada por pandillas y redes político-criminales, Guatemala declara estado de sitio tras el asesinato de nueve policías en menos de 48 horas.
Ciudad de Guatemala, 21 de enero de 2026 — Las calles de la capital guatemalteca, normalmente bulliciosas, amanecieron en silencio este lunes. No por paz, sino por miedo. Tras una oleada de ataques coordinados que dejó nueve policías muertos, el país entero se sumió en una tensa calma bajo el peso de un estado de sitio decretado por 30 días. El mensaje del crimen organizado fue claro: sembrar terror para frenar las reformas judiciales que amenazan sus estructuras de impunidad.
Todo comenzó el sábado, cuando reclusos de la pandilla Barrio 18 tomaron casi 50 rehenes en tres cárceles del centro y sur del país, exigiendo privilegios carcelarios. Pero lo que parecía un motín aislado se reveló como la primera fase de una operación más amplia. El domingo, apenas recuperado el control de una de las prisiones, ataques simultáneos sacudieron la capital y sus alrededores: sicarios emboscaron patrullas, dispararon a quemarropa y huyeron entre el caos. El saldo inicial: siete policías muertos, una decena heridos y un pandillero abatido.
Las horas siguientes trajeron más dolor. La noche del domingo falleció un octavo agente. Y en la madrugada del lunes, Fralan Medrano, un policía de 34 años, sucumbió a sus heridas tras ser atacado a sangre fría mientras circulaba en motocicleta por Villa Canales, a 22 kilómetros de la capital. Dos sujetos le dispararon a quemarropa, dejándolo gravemente herido. Aunque fue trasladado de inmediato a terapia intensiva, no resistió.
“Fue cobardemente atacado”, declaró a Reuters Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC). Su muerte elevó a nueve el número de uniformados caídos en menos de dos días, convirtiéndose en uno de los episodios más violentos contra fuerzas del orden en la historia reciente de Guatemala.
Durante el velatorio, el presidente Bernardo Arévalo no ocultó su indignación. “El ataque no fue solo contra ellos, ni contra la PNC, sino contra todo el país, contra el pueblo digno y decente”, dijo con voz firme. Y fue más allá: identificó a los responsables no como simples pandilleros, sino como “mafias político-criminales” que operan desde las sombras del poder.
Según Arévalo, estos grupos buscan infundir terror para sabotear cambios clave en el Poder Judicial programados para mayo: la elección del nuevo fiscal general y la renovación de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia del país. Ambas instituciones han estado en abierto conflicto con el Ejecutivo, emitiendo fallos que, según el gobierno, protegen redes de corrupción.
El decreto de estado de sitio permite al gobierno suspender garantías constitucionales, movilizar al Ejército en labores de seguridad, realizar allanamientos sin orden judicial y restringir la libre circulación. Es una medida extrema, pero, según Arévalo, necesaria: “No negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”.
Mientras tanto, las calles de la ciudad —hogar de más de 3.5 millones de personas, la zona metropolitana más poblada de Centroamérica— permanecen vigiladas por patrullas mixtas de policías y militares. Los funerales de los agentes caídos se convirtieron en actos de duelo nacional, pero también de resistencia.
En un país donde la impunidad ha sido norma durante décadas, esta ofensiva criminal no es solo un desafío a la seguridad, sino a la transición democrática que Arévalo prometió. Y aunque el estado de sitio ofrece herramientas urgentes, muchos advierten: si no se ataca la raíz —la corrupción política y judicial—, el ciclo de violencia volverá.
Por ahora, Guatemala respira con cautela. Pero en cada rincón, la pregunta persiste: ¿quién está detrás de las armas… y quién las financia?