Mientras Bad Bunny prepara su show de medio tiempo, la sombra de las redadas migratorias y la muerte de Alex Pretti dividen a una nación semanas antes del Super Bowl 60.
El espectáculo más caro del deporte mundial tenía todo calculado: 60 segundos de publicidad a 7 millones de dólares, un show de medio tiempo con Bad Bunny, 65,000 asientos en el Levi’s Stadium. Pero nadie en la NFL anticipó que el verdadero fuera de juego ocurriría fuera del campo. El 3 de febrero, mientras los equipos finalizaban sus preparativos, más de 184,000 personas habían firmado una petición exigiendo a la liga que “mantenga al ICE fuera del Super Bowl”, convirtiendo el evento en un nuevo frente de la guerra cultural estadounidense.
La manifestación frente a la sede de la NFL en Nueva York fue el primer golpe. “La liga tiene la responsabilidad de actuar como adultos, proteger a los fanáticos y mantener al ICE fuera”, declaró Britt Jacovich, portavoz del grupo progresista Move On, cuyos miembros portaban carteles que mezclaban logos de la NFL con siluetas de familias separadas. La tensión se elevó tras el asesinato de Alex Pretti, ciudadano de Minneapolis, el 24 de enero a manos de agentes migratorios—un incidente que según encuestas de Quinnipiac polarizó al 58% del electorado hispano.
Las cifras dibujan un panorama complejo: el Super Bowl 60 se transmitirá a más de 200 millones de espectadores globales, generando ingresos por 1,400 millones de dólares. Pero detrás de este negocio perfecto late el miedo de comunidades inmigrantes que representan el 27% de la fuerza laboral en la industria de servicios alrededor de estadios NFL. “Cuando Bad Bunny habló contra el ICE en los Grammy, estaba dando voz a millones”, explica la analista política María González, refiriéndose al artista respaldado por el 49% de estadounidenses según Quinnipiac.
La respuesta oficial de la NFL llegó con cautela burocrática. Cathy Lanier, jefa de seguridad de la liga—excomisionada de policía de Washington D.C.—, aseguró que “no hay previstas operaciones del ICE ni de control de migración”. Sus declaraciones fueron respaldadas por Jeff Branningan del Departamento de Seguridad Nacional, quien organizó llamadas con funcionarios locales confirmando la ausencia de planes operativos. Pero el fantasma político era más difícil de exorcizar: Donald Trump anunció su ausencia al evento precisamente por la participación de Bad Bunny, creando un extraño eje donde migración, música y fútbol americano colisionaban.
La cronología es reveladora. El 1 de febrero, Bad Bunny usó los Grammy para denunciar las acciones del ICE. Cuarenta y ocho horas después, Move On manifestaba frente a la NFL. El 5 de febrero, la encuesta de Quinnipiac mostraba que el 52% de estadounidenses entre 18 y 34 años apoyaba la petición. Mientras, Daniel Lurie, alcalde de San Francisco, intentaba equilibrar la ecuación: “Vamos a mantener seguros a residentes y visitantes… espero que todo sea seguro y divertido”. Su declaración omitía mencionar que el área de la Bahía alberga a 1.2 millones de inmigrantes, el 16% de los cuales carece de estatus documentado.
El partido del 8 de febrero ocurrirá en un momento crítico. A tres semanas del aniversario de la muerte de George Floyd, con elecciones intermedias a la vista, y con una economía donde el turismo alrededor del Super Bowl inyecta 500 millones de dólares a California. Cada decisión de seguridad—cada policía en cada puerta—será escrutada no como protocolo deportivo, sino como declaración política.
Lo que comenzó como una petición en Change.org se transformó en el termómetro de una nación dividida. El Super Bowl, diseñado como escape anual de las tensiones sociales, se convirtió en su espejo más nítido. Cuando Bad Bunny suba al escenario, no solo cantará para 65,000 personas en el estadio: lo hará ante un país que debate si el deporte puede—o debe—separarse de la política que lo rodea. La NFL aprendió esta semana que en 2026, hasta el touchdown más espectacular ocurre dentro de un campo minado.