La presidenta contrasta estrategias y señala colusión de autoridades con el crimen organizado.
El aire húmedo de Morelia cargaba el peso de la historia. Desde el corazón de Michoacán, estado que sangró primero bajo los fusiles de la guerra contra el narco, Claudia Sheinbaum pronunció las palabras que muchos esperaban desde 2006: “La visión en aquel periodo era: la guerra. Así le llamaron, la guerra contra el narco, y que llevó a más violencia”. La mandataria no solo criticó una política; enterró simbólicamente un modelo que transformó México en campo de batalla.
Detrás de su discurso yacía una cifra escalofriante: entre 2006 y 2012, los homicidios dolosos en México aumentaron un 65%, según datos del INEGI. Michoacán se convirtió en laboratorio de la estrategia calderonista: el primer despliegue militar masivo ocurrió aquí en diciembre de 2006. Los resultados fueron devastadores: masacres como la de El Castillo en 2010, donde 20 personas fueron ejecutadas en un restaurante, y el surgimiento de autodefensas armadas que hoy persisten como fenómeno social complejo.
Sheinbaum apuntó al núcleo de la corrupción institucional: “Al frente de esa guerra está una persona que está detenida en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico, García Luna”. El exsecretario de Seguridad Pública fue condenado en febrero de 2024 por un tribunal de Nueva York por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, validando décadas de denuncias sobre la infiltración del crimen en las altas esferas de seguridad nacional.
La presidenta no escatimó en su crítica histórica: calificó la estrategia como “fuera de toda ley” y recordó que Felipe Calderón “llegó con un fraude pero ejerció de presidente, y fue una decisión de él”. La referencia al Tribunal Electoral que declaró en 2006 una “irregularidad grave” en el cómputo de votos —aunque validó el resultado— rescató un debate político que muchos consideraban archivado.
Frente a ese modelo, Sheinbaum presentó el contraste actual: “atención a las causas y cero impunidad”. Los datos respaldan parcialmente su afirmación: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos acumulan una reducción del 18.3% entre diciembre de 2024 y enero de 2026. Programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida buscan atacar factores estructurales como la pobreza extrema y la falta de oportunidades en zonas rurales vulnerables.
Pero el desafío persiste. Michoacán sigue siendo territorio disputado por grupos como Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En enero de 2026, se registraron 14 enfrentamientos armados en la región de Tierra Caliente. La estrategia actual evita el despliegue militar masivo, pero enfrenta críticas por supuesta permisividad ante el control territorial de grupos criminales.
Analistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas señalan que la reducción de violencia responde a múltiples factores: fragmentación de cárteles, acuerdos tácitos entre grupos y políticas sociales, no solo al cambio táctico. La verdadera prueba será si la “cero impunidad” se traduce en sentencias condenatorias efectivas: actualmente, solo el 1.2% de los delitos en México culminan con una sentencia penal, según el INEGI 2025.
Mientras Sheinbaum hablaba en Morelia, a 47 kilómetros de distancia, en Apatzingán, familias aún buscan a desaparecidos de la era calderonista. Su discurso no solo fue político; fue catarsis para una región que cargó el costo humano más alto de una guerra que nunca declaró el Congreso. La pregunta que queda flotando en el aire michoacano: ¿basta con enterrar el modelo anterior o se requiere una justicia transicional que repare el daño causado?