A veinte años del siniestro, la mandataria ratifica la búsqueda con fiscalías y promete justicia para las familias afectadas.
Dos décadas después, la promesa sigue viva: encontrar al último minero sepultado en Pasta de Conchos no es una opción, es un mandato.
La jefa del Ejecutivo federal lo expresó con firmeza este 20 de febrero. Las operaciones de rastreo, ejecutadas en coordinación con las procuradurías estatal y federal, mantienen su curso. El objetivo trasciende la recuperación de restos: se trata de construir verdad.
Este esfuerzo, iniciado en la gestión anterior, encuentra sus raíces en una promesa electoral de 2006. En aquel momento, se planteó a los deudos un doble camino: compensación económica completa o localización de los trabajadores. La actual administración decidió transitar los dos senderos simultáneamente.
El punto crítico: frente a dictámenes que calificaron como inviable la exhumación de los cuerpos, los avances obtenidos contradicen esa premisa. Este hecho no solo valida el enfoque humanista del proyecto en curso; interpela la inacción que dominó durante años.
Mientras las cónyuges acceden a prestaciones mejoradas y los familiares participan activamente del proceso, una convicción se fortalece: la memoria de Pasta de Conchos demanda respuestas, y el Estado no puede fallar.