Corte invalida uso de ley de emergencia para aranceles; presidente recurre a legislación de 1974 y grava todas las importaciones hasta julio mientras reta a demócratas a detenerlo.
El 20 de febrero, la Corte Suprema le cerró una puerta. Seis votos contra tres determinaron que Donald Trump no podía usar una ley de emergencia para imponer aranceles masivos. Cuatro días después, el presidente derribó la pared completa. Un nuevo gravamen del 10% a todas las importaciones globales entró en vigor, respaldado en un fragmento legislativo de 1974 que nadie había utilizado en décadas. La Casa Blanca encontró la rendija legal perfecta.
La mañana del 24 de febrero, los puertos y aduanas estadounidenses amanecieron con nuevas instrucciones. Un arancel adicional del 10% comenzaba a aplicarse a prácticamente todo producto que ingresara al país. La orden ejecutiva, firmada por Trump en las horas posteriores al fallo judicial, invocaba la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un artículo diseñado para corregir desequilibrios severos en la balanza de pagos.
El presidente había prometido un 15% días antes, pero la urgencia por responder al revés judicial lo obligó a activar el mecanismo de inmediato con la tasa más baja permitida. El aumento, advirtió la Casa Blanca, podría llegar más adelante mediante una orden separada.
El entramado legal que sostiene el nuevo arancel es tan frágil como ingenioso. La Sección 122 permite gravámenes temporales por hasta 150 días para enfrentar déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos. El problema: el déficit comercial de bienes alcanzó 1.2 billones de dólares en 2025, una cifra que los economistas señalan como estructural, no coyuntural.
Trump interpreta que eso justifica la medida. La oposición responde que la ley fue pensada para emergencias cambiarias, no para reestructurar todo el comercio exterior.
Las exenciones delatan la estrategia: productos agrícolas como carne y tomates quedan fuera para no encarecer la canasta básica; medicamentos, minerales críticos y bienes energéticos también se salvan; el acero y aluminio mantienen sus aranceles independientes de hasta 50%; y los productos amparados por el T-MEC respiran aliviados, al menos por ahora.
El comercio electrónico se convirtió en el campo de batalla más cruento. La decisión de la Corte sobre IEEPA había reactivado la exención “de minimis” para envíos de bajo valor, un alivio para plataformas como Temu y Shein. Pero Trump respondió con una orden ejecutiva separada que mantiene el cobro a estos productos, incluidos los enviados por correo internacional.
Las empresas chinas, que construyeron su modelo de negocio aprovechando ese vacío legal, ahora enfrentan un nuevo escenario. Sus acciones cayeron en bolsa mientras evalúan cómo absorber el golpe o trasladarlo a sus precios.
Japón ya solicitó garantías formales para mantener condiciones favorables. La Unión Europea y Reino Unido negocian contrarreloj para preservar acuerdos previos. La incertidumbre internacional crece mientras el reloj corre hacia julio.
El nuevo arancel expira el 23 de julio. Para entonces, Trump necesitará que el Congreso autorice su prórroga, un escenario improbable con un Senado de mayoría demócrata que ya anunció su voto en contra. Pero el presidente ha lanzado una advertencia: los países que se retracten de compromisos comerciales recientes enfrentarán aranceles “mucho más elevados”. La amenaza deja abierta la puerta a una escalada de disputas que podría redefinir el comercio global. Por ahora, el 10% está vigente. Y Trump, una vez más, logró imponer su voluntad por la vía de los hechos.