El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que, a pesar de los esfuerzos de su administración, los avances en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido limitados. Durante la presentación de un informe sobre el caso, López Obrador responsabilizó a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos, de haber entorpecido el proceso, a pesar de las negociaciones para evitar su extradición a Estados Unidos con el objetivo de lograr su colaboración.
A tan solo unos días de que se cumpla una década de los hechos, el mandatario mexicano reiteró en un documento público que continuará la búsqueda de los jóvenes hasta el último día de su gobierno. Sin embargo, expresó que si no logra esclarecer el caso antes de concluir su mandato, confía en que Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, lo consiga.
Un informe detallado pero con pocos resultados
El segundo informe presentado por la Secretaría de Gobernación, firmado por López Obrador, incluyó una carta de siete páginas y más de 100 cuartillas de anexos. El presidente destacó que el caso fue confiado al ex subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien contó con su pleno respaldo para hacer acuerdos con los implicados, incluidos militares.
El avance más significativo logrado por estas negociaciones fue la identificación de dos de los estudiantes desaparecidos: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Sin embargo, López Obrador señaló que no ha sido posible progresar más debido a la falta de cooperación de El Gil, quien, pese a estar detenido, no ha mostrado disposición para seguir colaborando.
El presidente enfatizó que El Gil tiene la capacidad de proporcionar información crucial, ya que mantiene comunicación con otros miembros de Guerreros Unidos y con policías municipales y autoridades locales que participaron en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, hasta el momento, esa información no ha sido entregada.
Sin pruebas contra el Ejército
En respuesta a las acusaciones de participación militar en la desaparición, López Obrador reafirmó que no existen pruebas de que el Ejército haya estado involucrado directamente en los hechos. No obstante, aseguró que se ha actuado contra aquellos militares que pudieron haber tenido vínculos con la delincuencia organizada o que omitieron acciones que habrían podido evitar la tragedia. Recalcó que los altos mandos de las fuerzas armadas han colaborado y coincidido con él en que la impunidad y la violación de derechos humanos no deben ser toleradas.
El presidente también criticó nuevamente la “verdad histórica” presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual pretendía dar carpetazo al caso. Además, volvió a arremeter contra organizaciones como el Centro Prodh y Tlachinollan, que han acompañado a las familias de los desaparecidos. López Obrador los acusó de haber facilitado la liberación de 65 presuntos responsables bajo el argumento de que fueron torturados, a pesar de que muchos de ellos, según el mandatario, participaron en la desaparición de los estudiantes.
Críticas y tensiones en la investigación
Durante su mensaje, López Obrador también señaló que tanto el exfiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se opusieron a la emisión de órdenes de aprehensión contra varios de los implicados, incluidos el exprocurador Murillo Karam y algunos militares. Esta tensión provocó la renuncia de Gómez Trejo y la salida de la mayoría de los miembros de la comisión de la OEA encargada de investigar el caso.
Además, acusó a la periodista Anabel Hernández de haber propagado, sin pruebas, la idea de que los militares fueron responsables de la desaparición de los 43 normalistas, lo que, según el presidente, desvió la atención de la investigación.
Un futuro incierto
A pesar de los escasos resultados obtenidos, López Obrador indicó que su gobierno ha hecho esfuerzos para obtener más información sobre el paradero de los estudiantes. Funcionarios federales, como la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, han negociado con los detenidos, ofreciéndoles recompensas y la posibilidad de acogerse a la ley de amnistía a cambio de su cooperación. Sin embargo, hasta ahora los avances han sido limitados.
El presidente concluyó que, aunque algunos de los detenidos han mostrado disposición para aportar información en el futuro cercano, sigue siendo incierto si se logrará esclarecer completamente el caso antes del final de su administración.
Con la cercanía del décimo aniversario de los trágicos hechos de Ayotzinapa, las familias de los estudiantes desaparecidos continúan esperando justicia, mientras el país sigue dividido en torno a uno de los casos más dolorosos y complejos de su historia reciente.