La iniciativa, enviada al Senado, propone reducir privilegios en municipios, estados y el INE, con un límite presupuestal del 0.70% para legislativos locales y una baja del 15% en el gasto del Senado.
Menos regidores, topes a los congresos locales y un ajuste de hasta el 15% en el gasto del Senado. El gobierno de Claudia Sheinbaum envió este martes al Senado el denominado “Plan B” de la reforma electoral, una iniciativa que busca meter la tijera en los privilegios de los poderes legislativos y los órganos autónomos. El objetivo declarado: liberar recursos para obras de infraestructura.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de detallar los ejes del proyecto. La propuesta plantea una reducción en el número de regidurías en los municipios y limita a una sola sindicatura por ayuntamiento. En el ámbito local, los congresos estatales tendrán un tope presupuestal equivalente al 0.70% del gasto total de cada entidad.
El Senado también está en la mira. Se proyecta una reducción progresiva de su gasto de hasta un 15%, como parte de la política de austeridad que la administración federal quiere extender a todos los niveles de gobierno.
Los órganos electorales no escapan al ajuste. Consejeros, magistrados y altos funcionarios del INE, los OPLEs y los tribunales estatales no podrán ganar más que la presidenta de la República. También se eliminarán prestaciones adicionales como bonos o seguros médicos privados.
En materia de procesos electorales, la iniciativa propone acelerar los cómputos: el conteo de votos comenzaría al concluir la jornada, conforme lleguen los primeros paquetes a los centros de cómputo. La agilidad en la entrega de resultados es uno de los argumentos esgrimidos.
La fiscalización también se fortalece. Se prevén convenios con diversas autoridades y el uso de herramientas tecnológicas para supervisar los recursos de partidos y candidatos.
El “Plan B” introduce además modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con un enfoque en salarios, fiscalización y procesos de conteo. Pero el punto políticamente más sensible es el fortalecimiento de la revocación de mandato. Según la propuesta, este ejercicio se llevaría a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo de cuándo se solicite. Hasta ahora, solo estaba prevista para el cuarto año.
La ampliación de la ventana para la revocación es vista por la oposición como un movimiento para mantener el tema en el debate público y presionar a los gobernantes.
Sheinbaum insistió: aunque la reforma constitucional no pasó, la reducción del gasto y la eliminación de plurinominales siguen en la agenda. El “Plan B” ya está en el Senado. Los privilegios, advierte, tienen los días contados.