De los 54 millones de pesos que embolsó un particular en Zacatecas a las 1,006 clausuras en todo el país: la nueva legislación desmantela la especulación hídrica con penas de hasta cinco años de prisión.
Un particular en Zacatecas hizo una operación matemática sencilla: tomó siete títulos de concesión, los fragmentó, los transmitió y los convirtió en 50. La ganancia: 54 millones de pesos. Agua que no fluyó hacia cultivos ni comunidades. Agua que se convirtió en mercancía de cambio en un mercado paralelo que la nueva ley, según sus impulsores, acaba de cercenar.
El mecanismo no era nuevo. Durante años, la transmisión de concesiones entre particulares operó como un sistema financiero alterno donde el recurso hídrico funcionaba como activo especulativo. La reforma presentada por el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, en el marco del Día Mundial del Agua, pone fin a esa práctica con una frase que resume el giro de timón: “corta de tajo el régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal”.
Pero la fotografía completa incluye no solo la eliminación del mecanismo de transmisión. Hay cifras que hablan de una transformación en curso. La recaudación por concepto de agua saltó 3,500 millones de pesos en 2025. La meta para 2026 es duplicar ese impulso: 6,300 millones. Recursos que, según el discurso oficial, se destinarán a obras hidráulicas y ampliación del acceso.
El operativo de supervisión desplegado arroja números contundentes: 7,614 inspecciones. 1,006 clausuras por uso ilegal. Detrás de cada clausura hay una historia de desvío. En Chihuahua, por ejemplo, las autoridades encontraron un acuífero sobreexplotado donde se habían otorgado más de 100 concesiones agrícolas y cientos de constancias sin infraestructura ni uso real. Títulos que ocupaban un lugar en el sistema mientras comunidades necesitadas quedaban afuera. Especulación pura, en palabras de los funcionarios.
En Querétaro, la distorsión adquirió otra forma: concesiones destinadas a la producción de alimentos fueron desviadas hacia la venta de agua en pipas, desarrollos inmobiliarios y espacios recreativos. “El agua que era para producir alimentos se utilizaba para lucrar”, resumió Morales. Pozos clausurados, concesiones retiradas.
Nayarit aportó otra variante al catálogo de irregularidades: perforaciones sin autorización para extraer y vender agua. Baja California Sur, una más: desvíos en acueductos para redirigir el suministro hacia el comercio en pipas.
El punto de tensión no está solo en la magnitud de las infracciones, sino en la respuesta punitiva que la nueva ley habilita. Multas de hasta 230 mil pesos. Penas de prisión de hasta cinco años. Un escalamiento en la sanción que busca disuadir prácticas que, según los datos oficiales, estaban normalizadas en el entramado de concesiones.
El acto simbólico que selló la presentación fue la entrega de títulos a los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada. Durante años, esas localidades pagaron por el agua bajo esquemas de transmisión. En cinco años, los desembolsos superaron los 531 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el gesto como “histórico”: la recuperación del control público sobre un recurso que, en su diagnóstico, había sido privatizado de facto mediante un entramado legal permisivo.
En paralelo, la reforma incorpora un componente de justicia social que mira hacia las periferias: el reconocimiento de sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas. Un gesto que, en el discurso oficial, equilibra el golpe a los grandes especuladores con la restitución de derechos a los pequeños productores y comunidades que, según los datos, ya han recuperado acceso a concesiones a través de 9,547 trámites concluidos.
La operación es doble: castigar con cárcel y multas las prácticas predatorias; devolver con títulos y reconocimiento a quienes históricamente quedaron excluidos. El agua, en esta narrativa, deja de ser un activo de mercado para reconfigurarse como derecho humano administrado bajo lógicas de equidad. La pregunta que queda flotando es si la maquinaria estatal podrá sostener el ritmo de inspección y sanción necesario para que el cambio no se quede en el papel.
El cierre de la presentación dejó una imagen: 1,006 clausuras, 54 millones de pesos recuperados simbólicamente de una operación en Zacatecas, y un horizonte recaudatorio de 6,300 millones de pesos para obras. Números que buscan traducir en cifras lo que la ley ya consagró en letras: el fin del mercado negro del agua.