Lo que Washington presentó como un golpe contra narcotraficantes en la Amazonía fue, según la investigación, el incendio de una finca lechera; trabajadores denuncian tortura y autoridades no presentan pruebas.
La explosión iluminó los noticieros. El video, difundido con bombo y platillo por funcionarios estadounidenses en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, mostraba una detonación que, según la versión oficial, acababa con un centro de entrenamiento de narcotraficantes en la selva ecuatoriana. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, celebró en redes sociales: “Bombardeando narcoterroristas en tierra”. Pero una investigación de The New York Times ha puesto el foco donde el gobierno no quería que se mirara: sobre los restos calcinados de una finca lechera.
La secuencia de hechos que reconstruyó el periódico estadounidense difiere en cada uno de sus puntos de la versión oficial. Todo comenzó el 3 de marzo en San Martín, una comunidad rural en la frontera norte de Ecuador. Según testimonios de trabajadores del predio, militares ecuatorianos llegaron en helicóptero, interrogaron al personal, golpearon a algunos empleados y posteriormente incendiaron instalaciones de la finca. Tres trabajadores denunciaron agresiones físicas: estrangulamiento y descargas eléctricas antes de ser liberados.
Tres días después, el 6 de marzo, los helicópteros regresaron. Esta vez lanzaron explosivos sobre los restos calcinados. Fue en ese momento cuando se grabaron las imágenes que días más tarde recorrerían el mundo como evidencia de un ataque contra un supuesto campamento del crimen organizado.
La narrativa oficial se construyó en dos niveles. En Washington, funcionarios estadounidenses presentaron el operativo como un ejemplo de la nueva fase en la estrategia militar antidrogas, una demostración de fuerza que coincidió con la reunión de líderes conservadores latinoamericanos en Florida. En Quito, el ejército ecuatoriano sostuvo que el sitio era utilizado por un grupo armado para ocultar armas y como espacio de descanso y entrenamiento de narcotraficantes.
La investigación de The New York Times se apoya en una cadena de testimonios que contradicen frontalmente esa versión. El propietario de la finca, Miguel, aseguró que adquirió el terreno hace seis años y lo desarrolló como una unidad productiva con más de 50 cabezas de ganado. “En todo lo que usted ve hay animales: las vacas que ordeño, los terneros, los caballos”, declaró.
Los habitantes de San Martín describen un lugar dedicado exclusivamente a la actividad ganadera. Vicente Garrido, vicepresidente de la junta local, resumió el sentimiento de la comunidad: “Lo único que queremos es que se sepa la verdad. Dicen que era un campamento, pero cada vez queda más claro que eran viviendas”.
Las autoridades ecuatorianas afirmaron que el operativo se basó en “inteligencia y apoyo” de Estados Unidos, señalando que el lugar albergaba a “alrededor de 50 narcotraficantes” y que también era utilizado por integrantes de un grupo armado colombiano. Sin embargo, no se presentaron pruebas públicas que respalden estas afirmaciones. El silencio es llamativo: en operativos similares, el ejército ecuatoriano suele difundir evidencias de decomisos. Aquí, no hay armas exhibidas, no hay cargamentos incautados, no hay detenidos.
El caso expone una fractura entre la retórica de la guerra contra el narcotráfico y la realidad sobre el terreno. El Pentágono aseguró que se trató de una “acción dirigida” a solicitud del gobierno ecuatoriano, aunque fuentes con conocimiento del operativo indicaron que tropas estadounidenses no participaron directamente en el bombardeo. La fórmula —inteligencia de un lado, ejecución del otro— permite un difuminamiento de responsabilidades que los abogados de derechos humanos han comenzado a escrutar.
Una coalición de organizaciones, la Alianza por los Derechos Humanos, presentó una denuncia ante autoridades nacionales y la ONU, argumentando que las acciones militares constituyeron ataques contra población civil. La abogada María Espinosa señaló una omisión que atraviesa todo el caso: “No hay un solo funcionario público que haya llegado a verificar lo ocurrido”.
La ausencia de verificación in situ contrasta con la contundencia de las afirmaciones oficiales. Mientras el gobierno ecuatoriano intensifica sus operativos contra grupos criminales en un contexto de violencia creciente —el país se ha convertido en punto clave para la exportación de droga desde Colombia y Perú—, el caso de San Martín plantea interrogantes sobre la precisión de la inteligencia que guía estas acciones.
Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no ha respondido a cuestionamientos detallados sobre el caso. El Pentágono ha evitado proporcionar información específica sobre la operación, argumentando razones de seguridad. Pero lo que queda sobre el terreno no es un campamento desmantelado: son los restos de una finca ganadera, el testimonio de trabajadores que denuncian tortura y una comunidad que exige saber por qué sus viviendas fueron bombardeadas. La imagen que Washington difundió como símbolo de una nueva etapa en la lucha antidrogas se ha vuelto, en manos de la prensa investigativa, el símbolo de otra cosa.