“Senado avala terna para la CNDH con Piedra entre las finalistas pese a baja calificación”

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Ciudad de México— La controversia sigue rodeando a Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su intento de reelección para el periodo 2024-2029. Piedra, quien ha sido cuestionada por su gestión desde 2019, fue incluida en la terna final por la mayoría de Morena en el Senado, a pesar de no estar entre las mejores evaluadas por los legisladores. Junto a ella compiten Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Paulina Hernández Diz, académica especializada en derechos humanos y justicia social.

Durante su comparecencia en el Senado, Piedra defendió su administración, resaltando las políticas de austeridad que ha implementado desde que asumió el cargo. “Nuestra gestión ha reducido los excesos y gastos innecesarios que caracterizaban a la administración anterior”, afirmó, citando la eliminación de un chef personal y la subasta de vehículos de lujo. La presidenta defendió también la reducción de salarios para altos mandos y la reasignación de estos recursos para mejorar los sueldos del personal operativo de la CNDH.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en algunos rubros. Un informe reciente reveló que la CNDH destinó 456 mil pesos para la renta de estacionamientos no utilizados, entre otras observaciones de gasto que, según la ASF, contradicen los lineamientos de austeridad establecidos por la comisión.

Organizaciones civiles rechazan reelección de Piedra

Varios grupos de derechos humanos y activistas han cuestionado la independencia y efectividad de la gestión de Piedra Ibarra. La coordinadora del Observatorio de Designaciones, Itzel Checa, criticó el proceso de selección de la terna, calificándolo de opaco y dominado por “criterios políticos”. Además, lamentó que la inclusión de Piedra responda, en gran parte, a su afinidad con el Gobierno federal y su postura ante ciertas decisiones del Ejecutivo.

“Esta terna demuestra que el proceso de selección careció de transparencia. No conocemos los puntajes específicos de cada uno de los 47 aspirantes evaluados”, señaló Checa, en referencia a la inclusión de Piedra en lugar de otros candidatos con mejores evaluaciones.

Piedra responde a las críticas

Durante su intervención en el Senado, Rosario Piedra afirmó que su reelección no responde a una “ambición personal”, sino a la necesidad de consolidar un modelo de derechos humanos más cercano a la sociedad. Asimismo, defendió que la CNDH no ha “guardado silencio”, enfatizando que en los últimos cinco años se ha emitido un mayor número de recomendaciones, especialmente dirigidas a instituciones de salud y migración, como el IMSS y el Instituto Nacional de Migración.

Sin embargo, las críticas persisten. Raymundo Sandoval, integrante de la plataforma por la Paz en Guanajuato, señaló que muchas de las recomendaciones de la CNDH parecen alinearse con los intereses del partido en el poder, y denunció que esto manda un mensaje negativo para las entidades federativas, donde la politización de las comisiones de derechos humanos podría crear precedentes de parcialidad y falta de autonomía.

Proceso de selección y próximos pasos

La Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos del Senado avalaron la terna de finalistas el 6 de noviembre, en un proceso donde senadores de oposición cuestionaron la inclusión de Piedra. Ante estas críticas, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, justificó la decisión, explicando que se trató de “un trabajo político además de técnico” en el que se buscó el consenso dentro del bloque mayoritario.

El pleno del Senado decidirá la próxima semana quién ocupará la presidencia de la CNDH para los próximos cinco años, en una votación que podría reafirmar a Piedra en el cargo o dar paso a una nueva dirección en el organismo.

Para los críticos, la decisión que tome el Senado no sólo marcará el rumbo de la CNDH, sino que sentará un precedente en la relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos autónomos en México.

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