En un movimiento que ha desatado un intenso debate en la comunidad universitaria y política, el grupo estudiantil College Republicans United at Arizona State University (ASU), afiliado al Partido Republicano, instó a los alumnos de la institución a denunciar a presuntos estudiantes indocumentados ante las autoridades migratorias de Estados Unidos. El llamado, difundido el 29 de enero a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), ha sido catalogado por algunos como una medida de seguridad cívica y por otros como un acto de discriminación y división.
El grupo justificó su petición argumentando que “reportar criminales no solo es una responsabilidad cívica, sino también fundamental para mantener la seguridad pública y las leyes”. En su sitio web, incluyeron un enlace directo a la página del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), facilitando la denuncia anónima de personas sospechosas de estar en el país sin autorización. Además, anunciaron planes para realizar eventos en el campus con el objetivo de promover estas denuncias.
La convocatoria no pasó desapercibida. Legisladores y miembros de la comunidad latina expresaron su indignación, calificando la iniciativa como un ataque directo a la integridad y seguridad de los estudiantes. Este viernes, un grupo de representantes políticos envió una carta al rector de ASU, Michael Crow, exigiendo su intervención inmediata. En la misiva, los legisladores solicitaron que el grupo republicano sea sancionado con las mismas restricciones impuestas en marzo de 2024 al Movimiento Chicano Estudiantil de Aztlán (MECHA), cuyos miembros fueron suspendidos tras pronunciarse a favor de Palestina en redes sociales.
“Este tipo de grupo solo fomenta la discriminación y la división racial, además de poner en peligro la integridad y seguridad del plantel”, señalaron los legisladores en su carta. La comparación con el caso de MECHA ha añadido un matiz polémico al debate, resaltando las tensiones políticas y sociales que atraviesan el campus.
El grupo republicano, conocido por su apoyo a las políticas de deportación masiva de la administración de Donald Trump, ha manifestado su oposición al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), argumentando que muchos de sus beneficiarios deberían ser deportados. Su campaña parece apuntar directamente a estudiantes protegidos por una ley estatal aprobada en Arizona en 2022, que permite a estudiantes indocumentados y con DACA pagar matrículas como residentes del estado, en lugar de las elevadas tarifas que aplican a estudiantes internacionales.
Hasta el momento, el rector Michael Crow no ha emitido una respuesta oficial sobre las demandas de los legisladores ni sobre las medidas que podría tomar contra el grupo republicano. Mientras tanto, la controversia continúa escalando, dejando en evidencia las profundas divisiones políticas y sociales que persisten en el ámbito universitario y en la sociedad estadounidense en general.