En un caso que sacude al mundo del futbol mexicano, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de Grupo Orlegi y dueño de los clubes Santos Laguna y Atlas, fue declarado prófugo de la justicia tras no presentarse a una audiencia judicial relacionada con una acusación de defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos. El anuncio fue emitido por el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, tras confirmar que el empresario no compareció a la audiencia programada para el 24 de marzo, pese a haber sido debidamente notificado.
El acuerdo judicial firmado por Karla Cecilia Marín, asistente de Constancias y Registros, señala que Irarragorri fue citado a comparecer de forma presencial, pero no acudió. “Se hace constar que a la audiencia señalada para las 10:00 horas, no compareció el imputado… a pesar de que fue debidamente citado”, se lee en el documento. Con base en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el empresario fue declarado sustraído de la acción de la justicia, lo que motivó la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso penal gira en torno a un presunto fraude cometido entre enero y julio de 2017, cuando el Club Santos Laguna realizó pagos por 54.2 millones de pesos a jugadores y cuerpo técnico bajo el concepto de “primas indemnizatorias por riesgo de trabajo”. Entre los beneficiarios figuran figuras destacadas como Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, José Manuel de la Torre y Benjamín Galindo. Según la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Irarragorri utilizó un contrato colectivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera para realizar estos pagos, exentos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el objetivo de evadir impuestos.
Aunque la defraudación fiscal no amerita prisión preventiva automática, la FGR suele solicitar prisión preventiva justificada en casos donde existen antecedentes de no comparecencia o posibles riesgos de fuga al extranjero, como parece ser el caso de Irarragorri. Su defensa legal ha argumentado que la orden de aprehensión es ilegal, ya que, según ellos, el empresario sí compareció el 20 de marzo mediante videoconferencia y mostró disposición para colaborar. “El juez suspendió la audiencia de manera injustificada y, aun así, se le declaró prófugo. Ya presentamos un amparo contra esta medida”, afirmó uno de sus abogados en declaraciones al diario Reforma .
Irarragorri, quien cedió formalmente la presidencia del Club Santos a su hijo Alejandro Irarragorri Kalb en octubre de 2024, sigue siendo considerado el hombre fuerte detrás de Grupo Orlegi. Este caso podría convertirlo en el primer directivo de un club de Primera División en enfrentar una acción penal de esta magnitud en más de una década, marcando un precedente en el ámbito deportivo y empresarial.
La situación ha generado debate sobre la transparencia financiera en el futbol mexicano, un sector que históricamente ha estado bajo escrutinio por prácticas fiscales cuestionables. Mientras tanto, la Fiscalía continúa investigando otros posibles vínculos o irregularidades relacionadas con este caso, lo que podría ampliar el alcance de la investigación.
Con la orden de captura vigente, el futuro de Irarragorri permanece incierto. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas no solo para el empresario y sus negocios, sino también para la industria del futbol en México, que ahora enfrenta una mayor presión para garantizar el cumplimiento de las normas fiscales.