En su habitual Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al frente de las acusaciones que vinculan a la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) con supuestos litigios en contra de comunidades originarias. Con tono firme, la mandataria desmintió que el gobierno federal favorezca a empresas privadas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en especial en el polémico caso del proyecto de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa.
“La SEMARNAT no está para litigar, sino para evaluar impactos ambientales”, aclaró Sheinbaum, explicando que, cuando un proyecto afecta territorios indígenas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) debe realizar una consulta previa. “Si hay comunidades en contra, habrá diálogo, pero no acepto que se diga que estamos en su contra”, enfatizó.
El tema cobró relevancia tras las denuncias por el proyecto minero en Corcovada, San Luis Potosí, impulsado por CEMAT Construcción —vinculada a Grupo Salinas—, acusada de intentar apropiarse de tierras ejidales para una planta cementera. Sheinbaum aseguró que no hay autorizaciones para minería en la zona y que este fin de semana se realizará una asamblea ejidal con la Procuraduría Agraria para evaluar el caso.
La presidenta instruyó a Alicia Bárcena (SEMARNAT) y Edna Vega (SEDATU) a dialogar con los ejidatarios y revisar los posibles impactos ambientales. Mientras, el gobernador Ricardo Gallardo aseguró que no permitirá proyectos extractivos que dañen el ecosistema, aunque mencionó que sí se contempla una cementera.