La batalla legal que salvó al Instituto de la Paz: un golpe judicial a Trump y Musk
En un fallo histórico que marca un antes y después en la lucha por la independencia de las instituciones, la jueza federal Beryl Howell frenó los intentos de la administración Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, por desmantelar el Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP).
La decisión, de 102 páginas, declaró ilegales los despidos de los miembros de la junta directiva y del presidente del USIP, Moose, ordenando su reinstalación inmediata. Además, anuló todos los actos de los sucesores impuestos por el gobierno, incluidos los intentos de transferir la sede del instituto a la Administración de Servicios Generales.
“El presidente Trump cuestionó el juicio del Congreso y del presidente Reagan al crear el USIP hace 40 años”, escribió Howell en su contundente fallo, refiriéndose a la orden ejecutiva de 2024 que buscaba desmantelar la organización. La jueza no solo criticó la actuación de Trump, sino también la del DOGE, acusándolos de usar “fuerza bruta y amenazas de proceso penal” para tomar el control del instituto, a pesar de las advertencias sobre su estatus independiente.
El USIP, creado para promover la resolución pacífica de conflictos a nivel global, fue tomado por sorpresa en marzo cuando Musk, al frente del DOGE, despidió a su junta directiva y personal clave. Los afectados, respaldados por la ley que establece al instituto como una entidad sin fines de lucro independiente, presentaron una demanda que finalmente encontró eco en la corte.
Howell no solo ordenó la restitución de los líderes legítimos, sino que también prohibió a los funcionarios del DOGE acceder a las instalaciones, sistemas informáticos o registros del USIP. El fallo representa un revés significativo para los esfuerzos de la administración Trump por centralizar el control sobre organismos independientes y un triunfo para la sociedad civil que defiende la autonomía institucional.