El PRI en la encrucijada: Alito Moreno entre el desafuero y el discurso de persecución
Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, volvió a ser noticia este 1 de agosto cuando la Sección Instructora de la Cámara de Diputados comenzó a analizar un nuevo expediente en su contra por presuntos desvíos de recursos públicos durante su gestión como gobernador de Campeche. La Fiscalía de ese estado lo acusa de peculado, un delito que podría costarle su fuero constitucional.
En lugar de presentar pruebas que lo exculpen, Moreno optó por el guion que mejor conoce: la victimización. “Este ‘narcopartido’ está asesinando a México”, declaró en tono desafiante, refiriéndose a Morena como responsable de una supuesta persecución política en su contra. Sus palabras, sin embargo, contrastan con los antecedentes: esta es apenas la última de una serie de acusaciones por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y malversación que lo han perseguido desde su paso por el gobierno campechano.
El proceso en la Cámara de Diputados es claro: si admiten la solicitud de desafuero, Moreno tendrá 60 días para defenderse antes de que se vote si pierde o no su inmunidad. Mientras tanto, el priista insiste en que es víctima de una campaña orquestada para silenciar a la oposición. “No me van a quebrar”, repite, aunque cada vez son menos los que creen en su narrativa.
Analistas políticos señalan que esta estrategia de confrontación busca ocultar lo evidente: los señalamientos contra Moreno tienen fundamentos jurídicos que trascienden la polarización. De hecho, no es la primera vez que enfrenta cargos similares, lo que ha erosionado su credibilidad incluso dentro de su propio partido.
Mientras el PRI debate cómo manejar esta crisis, Morena aprovecha para cuestionar la moralidad de una oposición que, según ellos, sigue anclada en prácticas corruptas. El desafuero de Moreno podría marcar un punto de inflexión no solo para su carrera, sino para la imagen de un PRI que lucha por reinventarse.