El INE Cierra la Puerta: Una Sesión Tensa y Cruzada de Acusaciones que Absolvió a “Alito”
La sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) este 21 de agosto se transformó en un campo de batalla político. Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el organismo, tomó la palabra con una petición contundente: abrir un procedimiento oficioso contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, por supuesto desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Campeche.
La petición no era un hecho aislado. Santiago Rodríguez la sustentó en la solicitud de desafuero que la Fiscalía de Campeche —hoy gobernada por Morena— había presentado contra Moreno por un presunto peculado de 83.5 millones de pesos. Con detalle, expuso los componentes de la carpeta de investigación: pagos simulados por más de 27 millones, contratos irregulares por casi 24 millones, erogaciones sin respaldo por más de 14 millones y una obra con sobreprecio superior a los 18 millones de pesos. “Son de conocimiento público”, argumentó, tratando de cimentar su caso.
La respuesta del PRI fue inmediata y feroz. Sus representantes no solo defendieron a su líder, calificando las acusaciones de una “persecución política”, sino que lanzaron un contraataque. Acusaron a Morena de mantener vínculos con el crimen organizado y de pretender instaurar un “régimen autoritario”. Para sostener su ofensiva, enumeraron una serie de controversias que han empañado al partido en el poder: el caso de “La Barredora” en Tabasco, los supuestos “lujos excesivos y negocios turbios” de Andrés y José Ramón López Beltrán, y el descarrilamiento del Tren Maya.
Tras el cruce de diatribas, llegó el turno de la frialdad jurídica. Las y los consejeros del INE escucharon, analizaron y emitieron su veredicto. La consejera Dania Revel fue clara al exponer la postura del órgano electoral: si bien se presentaron “diversos indicios”, Morena no adjuntó “ningún elemento de prueba ni siquiera de carácter indiciario” que permitiera a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar una investigación de oficio. El fallo fue más allá: recalcó que la denuncia por el presunto mal uso de recursos del gobierno de Campeche era competencia de la Fiscalía, no del INE, cuya jurisdicción se limita a la materia electoral. La petición fue desechada, cerrando—al menos por ahora en el ámbito electoral—un capítulo de acusaciones que sigue su curso en los tribunales penales.