Con mejor control, lucha contra factureras y mayor cumplimiento ciudadano, el gobierno logra una recaudación histórica que fortalece programas sociales sin nuevos gravámenes
Ciudad de México — En medio de un clima de desconfianza fiscal que ha marcado décadas en México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 9 de octubre un hito económico: la recaudación tributaria de 2025 alcanzó los 4.63 billones de pesos, un aumento de 542,082 millones de pesos respecto al año anterior —un 9.1% más— sin haber aumentado un solo impuesto.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum celebró la cifra como un “acto de confianza” de la ciudadanía. “Un aplauso para todas las mexicanas y mexicanos… el 99.9% cumple con el pago de impuestos y derechos”, afirmó, destacando que la mayoría de los empresarios también pagan a tiempo, con “muy pocas excepciones”.
Pero detrás de este récord no hay magia: hay estrategia, tecnología y endurecimiento del combate a la evasión. Cerca de 200,000 millones de pesos del incremento provienen de la Agencia Nacional de Aduanas, gracias a mejores controles en comercio exterior, lucha contra el contrabando y una reducción significativa de la corrupción en puertos y garitas.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, profundizó en los números: con corte a septiembre, los ingresos tributarios suman 5.95 billones de pesos, superando en 470,541 millones las metas previstas en la Ley de Ingresos. “Esto no implica modificación en tasas ni tarifas”, aclaró. “Se debe a mejores controles y esfuerzos recaudatorios”.
Mientras tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la dirección de Antonio Martínez, ha implementado medidas técnicas clave para frenar a las empresas fantasmas y factureras. Entre ellas: exigir que el RFC y la Firma Electrónica se generen en días distintos, y que el comprobante de domicilio esté a nombre de la empresa al tramitar la firma.
Pero el SAT va más lejos. En el Congreso se discuten reformas al Código Fiscal que proponen un procedimiento abreviado de 24 días para sancionar a factureros, la baja inmediata del sello para facturar, la prohibición vitalicia para que socios o representantes legales de empresas fraudulentas inscriban nuevas compañías, e incluso la prisión preventiva oficiosa para quienes vendan facturas sin ser contribuyentes reales.
“Estas personas no son contribuyentes: están afectando al Fisco”, señaló Martínez, subrayando que los nuevos mecanismos garantizan el derecho de audiencia, pero cierran las grietas que durante años permitieron la evasión masiva.
Con estos resultados, el gobierno proyecta para 2026 una meta de recaudación de 6.45 billones de pesos —un alza del 4.3%— y asegura que podrá mantener y ampliar programas sociales sin recurrir a nuevos impuestos ni recortes.
En un país donde la cultura fiscal ha sido históricamente débil, este giro representa más que cifras: es una apuesta por la justicia tributaria, la transparencia y la confianza mutua entre Estado y ciudadanos. Y, por primera vez en mucho tiempo, parece estar funcionando.