El SAT implementa reformas históricas para acabar con empresas fantasmas: ahora el RFC y la firma electrónica se tramitan en días distintos y se exige comprobante de domicilio real
Ciudad de México — En una ofensiva sin precedentes contra la evasión fiscal, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes un paquete de medidas técnicas y legales diseñadas para erradicar las “factureras”, esas empresas que simulan operaciones para evadir impuestos y distorsionar la competencia. Durante la conferencia matutina, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, reveló los detalles de una reforma que busca cerrar las grietas que durante décadas permitieron la impunidad fiscal.
“El RFC y la firma ya no se dan el mismo día, como antes”, anunció Martínez Dagnino, destacando uno de los cambios más significativos. A partir de ahora, las empresas deben comprobar que el domicilio registrado es real y no el de un socio o accionista que busca simular operaciones. “Esto evita que se creen estructuras fantasmas en minutos para facturar sin tener actividad económica real”, explicó.
Las medidas forman parte del Paquete Económico 2026, actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, y están alineadas con la reforma constitucional de 2024 al artículo 19, que tipificó la venta de facturas falsas como delito grave. Pero el gobierno va más allá: propone un procedimiento abreviado de sanción que no excederá los 24 días, con la posibilidad de suspender el sello digital desde el primer momento del proceso, lo que impide seguir facturando mientras se investiga.
Crucialmente, la iniciativa incluye la prisión preventiva oficiosa para quienes operen o participen en redes de facturación simulada. “No se trata de perseguir a pequeños contribuyentes, sino de frenar a quienes organizan esquemas masivos de evasión que afectan a toda la nación”, subrayó el funcionario.
Martínez Dagnino insistió en que el objetivo no es recaudar más mediante nuevos impuestos —algo que el gobierno ha descartado—, sino garantizar un “piso parejo” para todos los contribuyentes. “Estas medidas son para reforzar el piso parejo en el pago de las contribuciones y en el bienestar de todas y todos los mexicanos”, afirmó.
El combate a las factureras no es solo una cuestión de justicia fiscal: es un pilar para la estabilidad económica y la equidad social. Cada factura falsa no solo representa una pérdida para la Hacienda Pública, sino una ventaja desleal para empresas que cumplen, muchas de ellas pequeñas y medianas, que ven cómo sus competidores operan al margen de la ley.
Con estas reformas, el SAT busca modernizar su marco regulatorio, aprovechar la tecnología y proteger a los contribuyentes honestos. Y aunque las medidas han generado cierta polémica en sectores empresariales, el mensaje del gobierno es inequívoco: la era de las facturas falsas está llegando a su fin.
En un país donde la cultura de la evasión ha sido históricamente tolerada, este giro representa un cambio de paradigma. No se trata de castigar, sino de construir un sistema donde pagar impuestos sea sinónimo de justicia, no de ingenuidad.