Detenido en Miami desde septiembre, el empresario chiapaneco Víctor Manuel Álvarez Puga —esposo de Inés Gómez Mont— enfrenta cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. México acelera su regreso para que enfrente la justicia.
En una habitación del Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, un hombre que alguna vez vivió en mansiones de lujo y apareció en portadas de revistas ahora espera una decisión que podría definir su futuro: la deportación a México. Se trata de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario señalado como operador clave de redes de facturación falsa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y cuya detención el 24 de septiembre por agentes migratorios marcó el inicio del fin de su fuga.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha solicitado formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Álvarez Puga, quien enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
La Interpol ya emitió una ficha roja contra él, vigente en 196 países, lo que lo convierte en un prófugo de alcance global. Pero su captura no fue producto de una operación encubierta, sino de una irregularidad migratoria: tras ingresar a EE.UU. con visa de turista en enero de 2021, viajó a las Bahamas en julio de ese año y regresó en barco sin pasar por un punto de inspección migratoria, lo que lo dejó en situación ilegal. Tres años después, el ICE lo arrestó.
Ahora, un juez migratorio en Florida decidirá el 12 de noviembre si es deportado. Aunque su defensa puede apelar, la FGR ya activó los canales diplomáticos: su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciar el trámite formal de extradición, un proceso que podría acelerarse si EE.UU. prioriza la cooperación judicial.
Mientras tanto, Álvarez Puga intenta frenar su regreso. El 2 de octubre, presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte del Distrito Sur de Florida, figura similar al amparo mexicano, para lograr su liberación. Además, solicitó asilo político, alegando —sin evidencia— ser víctima de “persecución” por sus “convicciones conservadoras”, un argumento que expertos consideran una estrategia dilatoria.
Su caso no es solo judicial, sino simbólico. Junto con su esposa, la exconductora de TV Azteca Inés Gómez Mont, Álvarez Puga se convirtió en rostro visible del fraude estructural del peñismo: contratos millonarios, facturas falsas, desvío de recursos públicos y un estilo de vida opulento financiado, según las investigaciones, con dinero del erario.
Hoy, mientras México exige su regreso, las víctimas del saqueo estatal y los contribuyentes esperan una señal clara: la impunidad tiene fecha de vencimiento. Y aunque Álvarez Puga intente refugiarse tras tecnicismos legales o discursos ideológicos, la justicia mexicana ya tiene las pruebas, las órdenes y la voluntad política para traerlo de vuelta.
Como dijo la presidenta Sheinbaum en otras ocasiones: “No hay impunidad para los grandes corruptos”. Y este caso podría ser la prueba definitiva.