En una votación simbólica pero significativa, el Congreso estadounidense rechaza la base legal de los aranceles globales impuestos por Trump
Washington, D.C., 1 de noviembre de 2025 — En un gesto que refleja una creciente resistencia bipartidista al uso unilateral de aranceles como herramienta de política exterior, el Senado de Estados Unidos votó el pasado 30 de octubre a favor de eliminar la declaración de emergencia nacional que el expresidente Donald Trump invocó en abril de 2019 para justificar la imposición de aranceles globales.
La medida, aunque simbólica en términos prácticos, envía una señal clara: una mayoría en el Congreso rechaza la estrategia comercial agresiva que marcó la era Trump. Según reportó The Washington Post, la Cámara de Representantes ya había aprobado previamente una norma que bloquea cualquier intento legislativo de derogar estos aranceles hasta marzo de 2026, lo que limita el impacto inmediato de la votación senatorial. Sin embargo, su valor político y simbólico es innegable.
La resolución contó con el apoyo de todos los senadores demócratas y, de manera notable, con cuatro republicanos disidentes que rompieron filas con su partido para respaldar la eliminación de la emergencia nacional. Este cruce partidista subraya las tensiones internas dentro del Partido Republicano sobre el legado comercial de Trump y su enfoque proteccionista.
Pero el rechazo a los aranceles no se detuvo ahí. A principios de esta semana, el Senado aprobó dos resoluciones adicionales con apoyo bipartidista para eliminar tarifas específicas impuestas a productos canadienses y brasileños, socios comerciales clave de Estados Unidos. Estas decisiones refuerzan la percepción de que el Congreso busca corregir lo que muchos legisladores consideran un abuso de poder ejecutivo en materia comercial.
The Washington Post interpretó estos movimientos como una señal de que la mayoría de los legisladores estadounidenses se opone al uso agresivo de aranceles para reconfigurar las relaciones comerciales del país, una táctica que, aunque generó ingresos, también provocó tensiones con aliados y represalias comerciales.
Y los números hablan por sí solos: según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., hasta agosto de 2025, el gobierno federal ha recaudado aproximadamente 88,000 millones de dólares en ingresos fiscales derivados de estos aranceles. Una cifra récord, pero que ha venido acompañada de costos económicos y diplomáticos significativos.
El próximo capítulo de esta disputa se escribirá el 5 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos celebre una audiencia para analizar la legalidad de estas tarifas. La Corte podría determinar si el presidente tiene la autoridad constitucional para imponer aranceles masivos bajo la figura de una “emergencia nacional” económica, un precedente que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en comercio exterior.
Mientras tanto, la votación del Senado permanece como un recordatorio: en la política estadounidense, incluso las decisiones simbólicas pueden marcar el rumbo de futuras políticas reales.