La Ruta del Diálogo: Gobierno Respuesta a Bloqueos con Mesas de Trabajo, No con Fuerza
Desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum trazó una línea clara en el asfalto mexicano. Frente a los bloqueos carreteros que el día anterior habían tensado las rutas de varios estados, la mandataria optó por el camino de la contención y el diálogo. “No caeremos en provocaciones y no habrá represión a manifestaciones”, declaró con calma pero firmeza durante la Mañanera del Pueblo de este 25 de noviembre.
La escena se desarrollaba un día después de que productores y transportistas cortaran accesos viales en diversas regiones del país. Mientras muchos esperaban una respuesta contundente, Sheinbaum eligió la ruta menos transitada en la historia reciente de las crisis sociales: la de las mesas de trabajo permanentes sobre agua, agricultura y seguridad.
“No tendrían que haberse manifestado, porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas, el diálogo está abierto”, argumentó la presidenta con la paciencia de quien confía en sus mecanismos institucionales. Sus palabras no eran un simple reproche, sino la reafirmación de una política de puertas abiertas que, según su visión, debería hacer innecesarias las protestas que paralizan las carreteras.
En un gesto que buscaba desactivar tensiones, la mandataria aclaró que los organizadores de las movilizaciones no tenían carpetas de investigación abiertas en su contra. “Aunque es un delito cerrar carreteras, el Gobierno de México no perseguirá a las personas por manifestarse”, aseguró, marcando una diferencia sustancial con administraciones anteriores donde la criminalización de la protesta era práctica común.
Pero el mensaje de Sheinbaum no era solo de apertura. También contenía una crítica precisa hacia lo que identificó como intereses particulares detrás de algunas protestas. La presidenta señaló que “algunas de las personas que participaron en las protestas quieren defender privilegios para acaparar el agua”, en referencia específica a la oposición a la iniciativa de Ley de Aguas que busca, según explicó, “regresar el agua a la nación, hacer uso eficiente del agua, garantizar el Derecho Humano al agua y que deje de ser una mercancía”.
La denuncia se hizo más concreta cuando reveló que “existen personas con concesiones de agua que la venden a municipios y no pagan ellos el agua porque es para riego”. Esta práctica, sugería la presidenta, explicaba parte del malestar entre quienes ven amenazados sus privilegios históricos.
Como contrapunto a las quejas sobre seguridad, Sheinbaum presentó números contundentes: una reducción del 54% en el promedio diario de robo a transportistas con violencia en los últimos siete años. La cifra no era casual – buscaba responder directamente a uno de los principales motivos de protesta del sector transportista.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, emergió como pieza clave en esta estrategia. Sheinbaum anunció que sería la titular de Gobernación quien seguiría informando sobre los avances en los espacios de diálogo, confirmando que la apuesta del gobierno pasa por la negociación institucional más que por la confrontación en las carreteras.
El mensaje final que quedó flotando en el aire del Palacio Nacional fue claro: este gobierno prefiere agotar todas las vías del diálogo, pero no renuncia a señalar lo que considera intereses particulares disfrazados de demandas sociales.