El Cerco se Cierra: La Batalla Legal de Salinas Pliego y el Bloqueo de sus Casinos Virtuales
En un nuevo capítulo del pulso legal que mantiene con las autoridades financieras, la estrategia defensiva del magnate Ricardo Salinas Pliego sufrió hoy un contundente revés. La jueza federal Luz María Flores Alva, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, rechazó desbloquear las cuentas bancarias de Ganador Azteca SAPI, la empresa de casinos virtuales del empresario que opera plataformas como Bet365 y Betano en México, actualmente investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.
La resolución, emitida este jueves, niega la suspensión provisional que Ganador Azteca había solicitado el 13 de noviembre, con la que buscaba frenar el congelamiento ordenado por la UIF y recuperar el acceso a sus cuentas en BBVA y Banco Azteca. Este portazo judicial no solo mantiene el estatus del bloqueo financiero, sino que confirma un cambio crucial en el panorama legal: tras la reforma de octubre a la Ley de Amparo, los jueces ya no pueden conceder suspensiones provisionales contra medidas dictadas por la UIF en materia de lavado de dinero. En el mejor de los casos, la empresa solo podría obtener un acceso limitado para pagar salarios, pero deberá acreditar el origen lícito de los recursos.
La decisión clave, sin embargo, está por llegar. Será el 12 de diciembre cuando la jueza Flores determine si concede o no la suspensión definitiva. Para lograrlo, Ganador Azteca deberá presentar pruebas concretas que demuestren que sus operaciones no están vinculadas con actividades ilícitas. Mientras tanto, las plataformas Bet365 y Betano permanecen fuera de operación desde que la Secretaría de Gobernación suspendió el permiso de Ganador Azteca, como parte de una investigación más amplia que ha encendido las alarmas en el sector. El 11 de noviembre, la Secretaría de Hacienda reveló que 13 casinos fueron catalogados como empresas de “alto riesgo financiero”. “Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado”, informó la SHCP.
Ese mismo día, el Grupo Salinas reconoció estar bajo investigación de la UIF y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, lo que calificó como persecución política, insistiendo en que sus plataformas “aplican los más altos estándares” antilavado. Pero la información oficial apuntala una narrativa muy diferente. Las autoridades financieras detectaron un patrón típico de lavado: “Se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños”. El caso ya llegó a la Fiscalía General de la República, y la PFF también presentó denuncias. El litigio avanza mientras Salinas Pliego enfrenta el escrutinio público por sus millonarias deudas fiscales, sentencias adversas en la Suprema Corte y el congelamiento de uno de sus negocios más rentables. La próxima fecha clave será el 12 de diciembre, y todo apunta a que la balanza judicial sigue inclinándose en su contra.