Del combate a las factureras al presupuesto social: La estrategia fiscal que genera un superávit para el pueblo
En el corazón de la mañanera de Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum desplegó sobre la mesa un argumento contundente que mezcla resultados económicos, combate a la corrupción fiscal y un contundente golpe de efecto en la política internacional. La narrativa fue clara: mientras algunos gobiernos se hunden en deudas, México construye su futuro con los recursos de su propio esfuerzo administrativo y legal.
La mandataria reveló una cifra que resonó en el salón: la recaudación fiscal adicional para el próximo año alcanzará los 400 mil millones de pesos. Este logro, insistió, no es producto de una carga mayor para los contribuyentes honrados, sino de una batalla frontal y decidida contra un cáncer que por años erosionó las arcas públicas: las empresas “factureras”. Estas compañías fantasma, dedicadas a emitir comprobantes falsos para evadir impuestos, han encontrado en esta administración un muro de contención construido con leyes más estrictas y supervisiones más eficaces en las aduanas. “Vamos que se aprobaron las leyes para cerrar el paso a las factureras completamente, y seguir avanzando en aduanas”, afirmó Sheinbaum, señalando que aún hay espacio para seguir creciendo en esta recaudación ética.
Pero el dato nacional adquirió una dimensión continental cuando la Presidenta lo utilizó como espejo para contrastar modelos económicos. Con precisión, tomó la misma cifra –400 mil millones de pesos– y la tradujo en un ejemplo aleccionador: “¿Saben cuánto pidió Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto, 20 mil millones de dólares y nosotros lo recaudamos este año”. La comparación con el gobierno de Javier Milei en Argentina fue directa. Mientras la nación sudamericana, bajo un modelo que Sheinbaum calificó tácitamente como “ultraderechista”, acude al endeudamiento externo, México genera la misma cantidad de recursos de manera interna, sin contraer deuda y sin incrementar las tasas impositivas. Un mensaje de soberanía financiera y eficacia recaudatoria.
El destino de este “superávit” obtenido de la lucha contra la evasión no dejó lugar a dudas: el bienestar social. Sheinbaum detalló que estos recursos extraordinarios serán el combustible para impulsar los programas sociales, cuyo presupuesto pasará de 850 mil millones de pesos a un billón para 2026. “¿Para qué? Para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene, para construir derechos sociales. Esa es la transformación”, declaró, vinculando directamente el éxito en materia fiscal con la ampliación de la red de protección social. Para cerrar el círculo de su argumento, la Presidenta fue enfática en aclarar la naturaleza de estos apoyos: “A nadie se le pregunta por quién vas a votar para darle un apoyo… la mayoría son programas universales”. Con esta frase, buscó deslindar su política social de cualquier acusación de clientelismo, presentándola como un pilar de derechos, no de favores políticos. La crónica de este anuncio pinta un gobierno que se presenta a sí mismo como un administrador austero y combativo de los recursos, que transforma el dinero recuperado de la opacidad en inversión directa y universal para reducir la pobreza.