De las cifras al terreno: El secretario de Seguridad vuelve a Uruapan para medir el pulso de una estrategia que promete pacificar la región
Bajo el cielo de Michoacán, el zumbido de un helicóptero anunció una visita de alto nivel. Este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, pisó por tercera vez la tierra de Uruapan, no como un funcionario de escritorio, sino como el supervisor en jefe de una promesa de seguridad. Su destino: evaluar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la estrategia integral lanzada hace un mes como respuesta al asesinato del líder social Carlos Manzo, un crimen que encendió las alarmas sobre la violencia en el corazón aguacatero de México.
La llegada de García Harfuch, según reportes, se registró antes de las 12:30 horas en el poblado de Tiamba, una localidad apartada de la carretera municipal de Uruapan. No llegó solo; su presencia fue respaldada por un cuartel de la Guardia Nacional, un despliegue táctico que subrayaba la naturaleza operativa de la visita. Tras aterrizar, el secretario permaneció aproximadamente una hora y media en el aeropuerto antes de adentrarse en la zona, un tiempo probablemente dedicado a recibir los primeros reportes de inteligencia y coordinar los movimientos.
La agenda del día estaba clara: una reunión con autoridades estatales y locales para hacer un balance del primer mes del plan. Y para esa conversación, García Harfuch llevaba un dato alentador en la cartera. En días pasados, el funcionario había destacado un logro concreto: una disminución significativa en los homicidios dolosos. Las cifras hablaban por sí solas: se había pasado de 111 casos en septiembre a 58 en noviembre, una reducción que el gobierno atribuye directamente a la implementación del plan en municipios críticos como Morelia, Zamora, Apatzingán y el propio Uruapan.
Pero más allá de las estadísticas, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se diseña como un abordaje multifactorial. Para Uruapan, se estableció una estrategia regional específica que incluye varios ejes. Uno es el fortalecimiento de las fuerzas locales mediante la capacitación y equipamiento de las corporaciones policiales. Otro, el ya visible despliegue de efectivos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para disuadir y confrontar a los grupos criminales. Y un tercero, quizás el más crucial para la economía local, son medidas específicas para atender y combatir la extorsión en el sector aguacatero, el motor económico de la región que ha sido históricamente víctima del crimen organizado.
La crónica de esta visita es la de un gobierno federal que intenta demostrar que su estrategia de seguridad no se limita a anuncios en la capital. García Harfuch, un secretario con historial de enfrentamientos directos con el crimen, personifica este enfoque “en el terreno”. Su tercera visita a Uruapan en poco tiempo busca transmitir un mensaje de persistencia y presencia constante. No basta con bajar números en un gráfico; hay que verificar en las comunidades, coordinar con los mandos locales y asegurar que las medidas contra la extorsión —el delito que asfixia diariamente a productores y comerciantes— estén dando frutos. Es la narrativa de una pacificación que se construye helicóptero a helicóptero, reunión a reunión, con la presión de que un solo mes de datos positivos no basta para declarar la victoria en una de las regiones más complejas del país.