La Doble Cara de la Seguridad: Caída Histórica de Homicidios y la Sombra Persistente de la Extorsión
El aire en la conferencia matutina de este 9 de diciembre tenía un matiz distinto, una mezcla de cauteloso optimismo y reconocimiento de un desafío que se niega a ceder. Desde el podio, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una gráfica que contaba una historia de dos velocidades en la seguridad de México. Por un lado, un logro que resonó con fuerza en el salón: “Es el noviembre más bajo desde 2015”, declaró, refiriéndose a la incidencia del delito más temido, el homicidio doloso. Los números respaldaban su afirmación con contundencia: entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, el promedio diario de asesinatos había caído en un 37%, pasando de 86.9 a 54.7 casos por día.
Este dato, presentado como el nivel más bajo para un mes de noviembre en los últimos nueve años, no era una estadística aislada. Marcaba la culminación de una tendencia descendente observada durante meses y equivalía a 32 vidas salvadas cada día en comparación con el pico de hace un año. “El resultado de homicidios, pues es muy importante el que hemos tenido a lo largo de estos meses”, afirmó Sheinbaum, posando la mirada en un horizonte de esperanza largamente esperado.
La narrativa de la mañana, sin embargo, pronto tomó un giro hacia la complejidad. Mientras la gráfica de homicidios pintaba una curva descendente, otra línea, la de la extorsión, se mantenía obstinadamente al alza. La presidenta no eludió el tema. Reconoció con franqueza que, pese a la baja en varios delitos, la extorsión es el ilícito que más ha aumentado, un flagelo que “afecta mucho a las personas” desde la sombra de una llamada telefónica. Ante esto, recordó la puesta en marcha de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la reciente aprobación de una ley que permite perseguir este delito de oficio, sin necesidad de que la víctima denuncie primero, un cambio legal crucial. Para impulsar esta batalla, anunció una reunión al día siguiente con todos los gobernadores del país, buscando la adopción coordinada de la nueva legislación en cada entidad.
La crónica de los números la completó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con un reporte consolidado al 30 de noviembre, detalló el paisaje de la violencia. Siete estados —Guanajuato (11%), Chihuahua (7.6%), Baja California (7.3%), Sinaloa (7.1%), Estado de México (6.5%), Guerrero (5.7%) y Michoacán (5.5%)— concentraban más de la mitad de los homicidios nacionales. Pero el mapa también tenía luces verdes: 26 entidades habían reducido sus cifras respecto al año anterior, con casos destacados como Zacatecas (-70%), Chiapas (-58%) y Quintana Roo (-56.7%).
Figueroa amplió el panorama hacia los llamados “delitos de alto impacto”. Aquí, la comparación con 2018 era dramática: el promedio diario de estos ilícitos se había desplomado un 47%, de 969.4 a 518.2, el nivel más bajo en ocho años. Los robos con violencia, a casa habitación, a negocio y el secuestro mostraban caídas que oscilaban entre el 49% y el 58.4%. Incluso el feminicidio mostraba una reducción del 23.4%. Pero, de nuevo, una mancha roja interrumpía el verde: la extorsión, con un aumento del 23.1%.
Frente a este desafío, la funcionaria ofreció un rayo de esperanza. Desde que arrancó la Estrategia Nacional en julio, las denuncias por extorsión habían bajado un 20%. Más aún, destacó que el incremento en las llamadas al número de emergencia 089 había permitido prevenir más de 77,000 extorsiones, una cifra que hablaba de una ciudadanía más alerta y un sistema de reacción más ágil. Era la crónica de un país que, paso a paso, gana batallas cruciales contra la violencia más visible, mientras libra una guerra tenaz y compleja contra el delito que opera desde las sombras.