Un Frente Unido: El Día que México Declaró la Guerra a la Extorsión
En un acto de coordinación sin precedentes que buscaba transmitir unidad y firmeza, los 32 gobernadores del país, junto con el gabinete de seguridad en pleno, se reunieron este 11 de diciembre bajo la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum. El escenario era la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero el mensaje era histórico: México presentaba un Acuerdo Nacional contra la Extorsión, un plan de batalla conjunto para armonizar leyes, mejorar instrumentos y atacar con “rigor técnico” uno de los delitos que más erosiona la vida cotidiana de los ciudadanos.
La sesión, más que un mero informe, se configuró como la puesta de largo de una estrategia de Estado. Al frente, la presidenta Sheinbaum delineó el objetivo central: impulsar la armonización legislativa de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas. “El objetivo de este acuerdo es… avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad”, afirmó, destacando el compromiso y la coordinación que, según sus palabras, ya han permitido “reducir la incidencia delictiva”. Su discurso conectó la ofensiva policial con una visión de fondo, anunciando que en 2026 se profundizarán acciones en “las causas de la violencia” mediante el Plan Michoacán, las Ferias del Bienestar por la Paz y la construcción de 100 Centros Comunitarios de Alto Rendimiento “México Imparable”.
Tras la visión presidencial, llegaron los datos concretos de la operación. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tomó la palabra para revelar el impacto preliminar de la estrategia lanzada el pasado 6 de julio. Las cifras hablaron por sí solas: más de 102,800 llamadas recibidas en el número único de denuncia 089, y más de 600 personas detenidas vinculadas con extorsión en 22 estados del país. García Harfuch no solo presentó estadísticas, sino también herramientas en desarrollo: un manual nacional que estandarizará los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución del delito, y una actualización de los lineamientos del 911 y del 089 para “mejorar tiempos de respuesta” y “garantizar una atención más eficiente”.
La cadena de justicia tuvo su voz representativa en Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Con conciencia de la “magnitud de los desafíos”, Godoy anunció que trabaja en un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, un documento rector para fortalecer la institución. Subrayó que la transformación de la FGR depende de “reforzar la comunicación y coordinación” entre instituciones, y del “fortalecimiento de investigaciones, la judicialización y el incremento de sentencias condenatorias”. Su intervención cerró el círculo: de la denuncia ciudadana al 089, a la investigación policial, y finalmente, a la procuración de justicia efectiva.
El cierre de la sesión lo dieron los propios gobernadores, quienes, según el relato oficial, “reconocieron la disposición del gobierno federal” y “reiteraron su disposición para sumarse a la homologación de legislaciones”. La imagen buscada y proyectada fue clara: un mando único, una estrategia compartida y un enemigo común definido. No fue solo una reunión de seguridad; fue la narrativa de un país que intenta, desde la cúpula, coordinar sus fuerzas para recuperar el territorio de la legalidad, arma en mano legislativa y operativa, contra el flagelo de la extorsión.