El exsupersecretario de Calderón busca revertir su destino tras ser sentenciado por traición al Estado mexicano
Nueva York, diciembre de 2025. En una celda de máxima seguridad, Genaro García Luna, el exsupersecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, prepara uno de los movimientos legales más cruciales de su vida: la apelación formal de su condena de 38 años y cuatro meses por delitos relacionados con el narcotráfico. Según informó su abogado, César De Castro, el escrito será presentado esta semana, antes del límite legal del 18 de diciembre.
Fue el 16 de octubre de 2024 cuando un tribunal federal en Brooklyn selló el destino del exfuncionario panista: culpable de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección, información privilegiada y facilidades operativas. Durante el juicio, testigos clave —incluidos antiguos socios del cartel— aseguraron que García Luna no solo conocía las rutas del narcotráfico, sino que las facilitaba activamente durante su gestión (2006–2012), en plena “guerra contra las drogas”.
Ahora, su defensa argumenta que las condiciones carcelarias han limitado su derecho a una apelación justa. “La denegación de acceso a nuestro cliente ha creado dificultades excesivas y extremas”, señaló De Castro en documentos judiciales. Subrayó que García Luna, quien participó intensamente en su defensa durante el juicio, exige un rol activo en la elaboración de los alegatos. “Comprendiblemente, desea tener un papel sustancial”, añadió.
Una vez presentado el recurso, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York tendrá 30 días para responder. Luego, el tribunal decidirá si el caso avanza a una fase de argumentación oral, que podría culminar en cuatro escenarios: confirmar la condena, hacer ajustes menores, ordenar un nuevo juicio o, en un giro inesperado, ordenar su liberación.
Para muchos en México, el caso de García Luna simboliza la hipocresía del sistema de seguridad nacional: un arquitecto de la lucha antidrogas, convertido en cómplice del enemigo. Su caída no solo expone las fallas institucionales, sino también la profunda infiltración del crimen organizado en los más altos niveles del poder.
Mientras el reloj corre en Nueva York, en México persisten las preguntas: ¿cuántos más como él operaron impunemente? ¿Y quién más pagará por haber traicionado al Estado?