El Departamento de Justicia de EE.UU. modifica su acusación contra Nicolás Maduro y ya no presenta al “Cártel de los Soles” como una organización criminal real, sino como una red informal de corrupción, lo que refuerza las críticas sobre la politización del caso judicial
Nueva York, 8 de enero de 2026 — En un giro que ha sacudido las bases del caso contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha modificado de forma significativa su narrativa legal. Según un reporte del The New York Times, que tuvo acceso al expediente actualizado tras la primera audiencia del mandatario en una corte federal, ya no se presenta al “Cártel de los Soles” como una organización criminal estructurada, como lo hizo desde que lanzó las acusaciones en 2020.
Este cambio no es meramente semántico: es estratégico, legal y profundamente político. En la acusación original, el DOJ describía al “Cártel de los Soles” como una estructura jerárquica liderada por Maduro, dedicada al tráfico de cocaína con destino a EE.UU., comparándola con cárteles como el de Sinaloa. Pero en el nuevo documento, esa denominación ha sido reducida a una mención secundaria y redefine el concepto como una “red de corrupción y protección” integrada por funcionarios civiles y militares venezolanos que, supuestamente, facilitaron actividades relacionadas con el narcotráfico.
Más revelador aún: el DOJ ahora reconoce que el término “no surgió como una denominación oficial”, sino que fue adoptado de un apodo coloquial usado por medios venezolanos en los años 90 para referirse a casos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Esto contradice años de discursos oficiales de Washington, que presentaron al “Cártel de los Soles” como una amenaza criminal real y organizada, justificando incluso la recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro.
El ajuste llega apenas días después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararan “inocentes” en su primera audiencia en el Distrito Sur de Nueva York. Su defensa, encabezada por Barry Pollack, ya había cuestionado la existencia de tal cártel. Ahora, con el propio DOJ suavizando su postura, la estrategia legal de la fiscalía se tambalea.
Cabe destacar que, pese al cambio narrativo, los cargos penales no han sido retirados: Maduro sigue acusado de conspiración para traficar cocaína a EE.UU. y otros delitos vinculados al narcotráfico internacional. La fiscalía insiste en que el caso no depende de la existencia formal de un cártel, sino de la supuesta participación del presidente y su entorno en una red que protegía el tráfico de drogas.
Sin embargo, el gobierno venezolano ha celebrado este giro. Desde Caracas, voceros oficiales reiteraron que el “Cártel de los Soles” nunca existió y que su invención fue una “ficción política” para justificar la persecución contra Maduro. Ahora, con EE.UU. admitiendo implícitamente que se trató de un término informal, esa narrativa gana fuerza en el ámbito diplomático y legal.
Este ajuste abre un debate crucial: ¿fue el “Cártel de los Soles” una herramienta de propaganda más que una realidad criminal? Si el DOJ ya no lo describe como una organización con liderazgo, estructura o jerarquía —elementos esenciales para considerarlo un cártel bajo la ley estadounidense—, entonces el fundamento del caso se vuelve más frágil. Y en un juicio que ya ha sido cuestionado por su origen en una operación militar unilateral, cualquier debilidad legal puede ser letal para la acusación.
Mientras Maduro permanece detenido en Brooklyn y su defensa prepara los alegatos para la próxima audiencia en marzo, el mundo observa: si EE.UU. desmonta su propia narrativa, ¿qué queda del caso contra el presidente venezolano? Tal vez, solo la sombra de una justicia politizada.