¿Protección o sobreprecio? El gobierno se interpone entre las aseguradoras y un posible aumento del 20% en pólizas
En medio de rumores que corrían como reguero de pólvora entre agentes de seguros y sus clientes, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó cartas en el asunto. Durante su conferencia matutina, respondió con firmeza a las alertas que circulaban en redes sociales y correos internos del sector: varias aseguradoras habrían comenzado a notificar a sus usuarios sobre posibles incrementos de hasta el 20% en el costo de las pólizas, supuestamente derivados de los cambios fiscales recientes en materia de deducibilidad del IVA.
La mandataria no dudó en desmentir que dichos aumentos sean justificados. “No debe ser así. Incluso se habló con ellos en el acuerdo que se tomó”, afirmó, recordando que el ajuste normativo —impulsado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)— responde a una corrección técnica, no a un impuesto nuevo. El cambio consiste en que, a partir de este año, las aseguradoras ya no pueden deducir el IVA como si fuera un gasto propio, luego de que el SAT detectara prácticas irregulares en las que empresas acreditaban el impuesto de forma indebida.
Sin embargo, algunos actores del sector asegurador han interpretado esta modificación como un golpe a su estructura de costos y, en consecuencia, han comenzado a trasladar ese impacto al bolsillo de los consumidores. Documentos internos y comunicaciones a clientes citadas por medios especializados advierten que los ajustes “podrían reflejarse en los cobros finales”.
Ante este escenario, Sheinbaum fue clara: “Voy a pedirle a la Secretaría de Hacienda que esté pendiente de eso”. La orden presidencial busca garantizar que los cambios fiscales no se conviertan en pretexto para aumentos injustificados, protegiendo así a millones de mexicanos que dependen de seguros médicos, automotrices, de vida o de hogar.
El gobierno federal subrayó que el objetivo de la reforma no es recaudatorio, sino de transparencia fiscal: cerrar brechas que permitían a ciertas empresas obtener beneficios indebidos. Por ello, cualquier intento de trasladar ese ajuste al consumidor final sería considerado abusivo y contrario al espíritu del acuerdo alcanzado con el sector.
La vigilancia de Hacienda, en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), será clave en las próximas semanas. Si bien las aseguradoras tienen margen para ajustar tarifas, deberán justificarlas con base en riesgos reales, no en cambios administrativos tributarios ya previstos.
En un contexto de inflación persistente y preocupación ciudadana por el poder adquisitivo, la postura de Sheinbaum refuerza el discurso de la Cuarta Transformación: el Estado como garante de los derechos del consumidor frente a intereses corporativos. Y aunque el mercado asegurador es competitivo, la advertencia presidencial envía un mensaje claro: los bolsillos de las familias no serán rehén de maniobras contables disfrazadas de necesidad financiera.